El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) sentenció al alcalde de Chichimilá, Samuel Uc Poot, por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, pues de manera arbitraria le redujo el sueldo a la síndico Teresita de Jesús May Tuz, y ordenó a los policías municipales que no le permitiera ingresar a su oficina en el ayuntamiento.
La afectada alegó que se le redujo su salario del periodo que comprende del 16 al 31 de julio del 2020, sin que se aprobara en alguna sesión de cabildo. Dijo que la reducción fue ordenada por el presidente municipal priísta y ejecutado por el tesorero Desert Iván Martín Barrera, quien, por cierto, también fue sentenciado.
Además, el alcalde Samuel Uc ordenó a los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que no le permitieran el acceso a su oficina de la Sindicatura Municipal, y de esta manera impiden que desempeñe su cargo como funcionaria.
Teresita de Jesús May Tuz comprobó ante el Tribunal Electoral que tanto el alcalde como el tesorero realizaron estas acciones de represalias por haber interpuesto una denuncia en su contra ante la Auditoria Superior de Yucatán, y por denunciar hechos de corrupción ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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De igual forma demostró que es víctima de intimidación y amenazas por parte del presidente municipal, pues agentes de la Policía Municipal pasan enfrente de su casa cada 30 minutos.
A pesar de esto, Samuel Uc se refería a ella diciéndole “que como mujer se fuera a su casa a preparar café”, entre otros comentarios despectivos y machistas.
Detener la violencia
Ante todo, el Pleno del Tribunal declaró fundado el agravio en contra de la síndico y ordenó a las autoridades responsables y al Ayuntamiento de Chichimilá que de manera inmediata realicen los trámites correspondientes para que reciba el pago omitido.
Asimismo, ordenó a las autoridades municipales a que se abstengan de incurrir nuevamente en actos de violencia política contra las mujeres; se permita en las sesiones de Cabildo asentar los comentarios o propuestas que solicite la síndico; y se le garantice el acceso a la información electrónica o física de la documentación que contiene el Ayuntamiento de Chichimilá, para el buen desempeño de su cargo.
Y, por último, que le permitan a Teresita de Jesús May que ingrese de manera libre a las instalaciones del ayuntamiento, así como se le designe y entregue un espacio físico adecuado para el desempeño de los asuntos propios de su cargo.
Cabe destacar que el Tribunal solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que garantice que se proteja a la víctima de la comisión de actos de violencia política de los cuales pueda ser objeto, ya sea de manera física, sexual, económica, patrimonial o psicológica.
Por Herbeth Escalante