Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que la consulta ciudadana sobre el enjuiciamiento a expresidentes debe realizarse el `primer domingo de agosto, debido a una norma que entra por la Constitución que fue prevista por el Congreso.
Mencionó que esta decisión se tomó para evitar que el tema de la revocación de mandato y las elecciones de cualquier índole no incidieran una en la otra bajo el mismo contexto.
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"Cuando se metió el tema de revocación de mandato, lo que acordó el Constituyente es que se desvinculara".
En entrevista con Salvador García Soto, el funcionario dijo que 90 días antes de que inicie cualquier proceso electoral no se pueden cambiar o reformular estas fechas, por lo cual no se puede fijar un día más que el primer domingo de agosto para llevar a cabo este estudio de opinión a la población.
"Ahorita ya estamos con el proceso arrancado desde el mes de septiembre".
¿Cuánto costará este ejercicio?
Sobre el costo de la consulta, dijo que durante una elección se necesitan ocho mil millones de pesos, ya que se debe capacitar a dos millones de ciudadanos, hacerles una visita y elegirlos con base en si no trabajan el día de este ejercicio o tienen algún otro impedimento.
Mencionó que este precio podría ser menor en caso de la consulta, ya que se puede elegir a las mismas personas que participarán en la elección para que lo hagan en la toma de opinión de la ciudadanía unas semanas después.
Explicó además que se ha contratado los servicios de agencias que ayudarán a determinar las mejores opciones para ahorrar recursos y hacer este proceso de manera más eficiente.
"Va a ser una fracción menor, justamente estamos haciendo todos los estudios".
Sentenció que la Constitución marca bien las reglas y que no pueden moverse las fechas sin importar que se quieran ahorrar costos a la federación. Sobre la propuesta del presidente por usar voluntarios, dijo que los ciudadanos que participan en las jornadas electorales no son empleados directos de la dependencia.
Finalmente, comentó que el INE cumplirá con las obligaciones que le fueron instauradas al Instituto Nacional Electoral después de la aprobación de la consulta hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.