Los morenistas se lanzaron contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que se difundiera un proyecto de sentencia que propone diferir la encuesta para elegir a la nueva dirigencia del partido y mantener al actual CEN, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, hasta que concluya la elección de 2021.
El proyecto (que se contrapone a otra sentencia del Tribunal) sería discutido ayer, pero el desacuerdo entre magistrados hizo que la sesión se aplazara, tentativamente, para hoy, dos días antes de que el concluya el levantamiento de la encuesta coordinada por el INE.
El primero en iniciar la guerra de declaraciones fue Mario Delgado, candidato a liderar Morena, cuyo gasto en espectaculares y giras provocó impugnaciones y acusaciones de sus compañeros de bancada de desviar recursos para pagar su propaganda.
“Es grave que el Tribunal se retracte de sus resoluciones... es delicado porque será el árbitro para 2021”, dijo.
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Porfirio Muñoz Ledo, el candidato mejor posicionado según la encuesta de reconocimiento, aseguró que el proyecto tenía como fondo frenar su triunfo.
“Ganamos la primera fase y estamos arrollando en la segunda, que termina el jueves. Los principios vencieron al dinero y el TEPJF entrega la victoria, deliberadamente, al dinero y al caciquismo”, indicó en su cuenta de Twitter.
Yeidckol Polevnsky, otra de las aspirantes, pidió a los magistrados emitir una resolución para correr al actual presidente de Morena: “No permitan al mañoso de Ramírez Cuéllar seguir haciendo sus caprichos dentro del partido”.
Ramírez consideró sospechoso que el Tribunal pretendiera cancelar una encuesta en la que el mejor posicionado era Muñoz Ledo: “No sé si se estén curando en salud, porque todos los que tienen conocimiento de estas mediciones consideran que hay una tendencia inamovible y que Muñoz Ledo ganará la dirigencia”.
El proyecto del TEPJF concluye que el INE no garantizó la “credibilidad” de esa encuesta y los interesados en participar en ella no lo hicieron “en equidad de condiciones”.
Esto, pese a que el propio tribunal había validado las reglas del INE para levantar una encuesta de reconocimiento y su decisión de no fiscalizar un proceso en el que no se preveían campañas.
POR NAYELI CORTÉS
eadp