Las dos cámaras del Congreso de la Unión dieron ya luz verde a la consulta popular para someter a juicio o no a cinco expresidentes de la República, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la oposición acusó que es inconstitucional y tiene fines electorales.

En sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con 272 a favor, 116 en contra y cero abstenciones, con lo que se notifica al Instituto Nacional Electoral (INE) para que proceda a organizar la consulta popular.  

En el proyecto se declara procedente la petición de la consulta y se expide la convocatoria a los ciudadanos para participar el 1 de agosto del 2021 en el ejercicio popular que alude a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“¿Qué vamos a hacer? Un juicio contra quienes han gobernado; vamos a hacer un juicio contra el Estado corrupto cuya cabeza siempre fue el presidente en turno, contra los expresidentes porque ellos encabezaron el fenómeno sociológico, politológico, pero también netamente mexicano del Estado corrupto nacional”, dijo Pablo Gómez, diputado de Morena.

Las bancadas de oposición del PAN, PRI, PRD y MC argumentaron que la ley no se consulta, sino se aplica, por lo que señalaron innecesario y costoso para el presupuesto dicho ejercicio.

Incluso, la diputada panista Adriana Dávila dijo que el gobierno de la 4T “eligió el modelo de Poncio Pilatos, pues la autoridad se quiere lavar las manos y evadir su responsabilidad”, y está repitiendo los errores del pasado.

“Pasamos de la Casa Blanca a las casas de Manuel Bartlet, de Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman; la compra de ventiladores e insumos a sobreprecio, el negocio para los familiares de Zoé Robledo, titular del IMSS; la familia en la nómina de Pemex de Octavio Romero; y qué decir del hermano incómodo Pío López Obrador que inauguró el nuevo concepto de aportaciones”, dijo.  

Fines electorales

Durante la discusión en tribuna, las bancadas de oposición argumentaron que la consulta es inconstitucional y tiene fines políticos a favor de Morena. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo, dijo que es “una falacia someter si se está de acuerdo en que se cumpla la ley”.

Apuntó que la pregunta y resolutivo de la Suprema Corte son inconstitucionales porque no se puede someter a escrutinio el cumplimiento de las leyes; viola las facultades que el artículo 102 de la Constitución da a la Fiscalía General de República porque somete a consulta sus obligaciones constitucionales y legales.

“Tercero, el artículo 94 constitucional establece que el poder Judicial es la autoridad competente para emitir sanciones y penas, por lo que sus atribuciones no dependen de los resultados de una consulta popular, ya que sería cuestionar sus obligaciones constitucionales y legales”, señaló.

La bancada del PRI, exigió que si el mandatario López Obrador o el partido tienen indicios y elementos de prueba para juzgar a los expresidentes que los presenten sin esperar la consulta.

“No se confundan, no se equivoquen, la justicia no se consulta, la justicia se aplica”, dijo el diputado Juvenal Roa.  

A nombre de la bancada del PAN, el diputado Felipe Macías, subió a tribuna acompañado de una docena de compañeros con máscaras de papel con el rostro del presidente López Obrador.

“Que quede claro, el único objetivo que tiene Morena al impulsar esta consulta es que López Obrador pueda manipular el proceso electoral el próximo año. A Morena le urge ver las caritas de López Obrador en la boleta de manera directa o indirecta para detener la debacle hacia el próximo año”, dijo.

Señaló que Morena por sí sólo no figura, por sí solo está perdido y se avizora un voto de castigo el próximo año a Morena rotundo por el poder que les dio la gente en 2018 y no ha dado resultados positivos para el país.

En tanto, la perredista Guadalupe Almaguer dijo que “una y otra vez hemos visto cómo el presidente López Obrador ha pretendido aparecer en la boleta electoral del próximo año, en un intento desesperado para que su figura adelante a los candidatos morenistas y logren incrementar los votos a su favor que, como vimos en los resultados electorales del pasado fin de semana, se encuentra en un pronunciado declive”.

“Esta consulta pone en riesgo los derechos que las y los ciudadanos tenemos como víctimas, porque si es cierto que se cometieron delitos en contra del Estado mexicano, entonces las autoridades están obligadas a restituirlos ya que el deber de reparación constituye parte importante del derecho de acceso a la justicia que tenemos todas y todos en este país”, expuso.

En defensa del dictamen, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que es necesaria la consulta porque lo expresidentes “son intocables, pues, aunque no tienen fuero, los poderes judiciales no se atreverían a enjuiciarlos”.

Planteó, además, que la consulta se haga el día de la elección en junio 2021 y no en agosto,

“Porque es un despropósito que se tiren millones y millones de pesos de pesos sólo para preguntarle al pueblo”, dijo.

Agregó que “es una tragedia que nuestro país, de 1988 a 2018, el principal delincuente electoral, el principal capo de capos, el principal rematador del patrimonio nacional, el principal traidor a la patria y del pueblo fuera el presidente de la República”.

“El capo de capos, Carlos Salinas de Gortari, principal destructor de la Revolución mexicana; Zedillo principal privatizador de ferrocarriles, responsable de la deuda del Fobaproa; Fox, aliado a ‘El Chapo’ y que sus hijos políticos se enriquecieron con las aduanas del país y él mismo; Calderón, “vinculado a ‘El Chapo’ Guzmán, su jefe del policía preso en Nueva York, y bañó de sangre al país con la patraña de que iba a combatir al narco”.

“Enrique Peña Nieto que acabó de rematar el petróleo y carga el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa”, dijo.

Del grupo del PES, el diputado Ernesto Vargas resaltó la importancia de la consulta para evitar la impunidad, pues recordó que antes de ser presidente de México, López Obrador buscó que se hiciera una consulta en materia sobre el aprovechamiento del petróleo nacional.

Empero, apuntó que la consulta se declaró inconstitucional porque, para entonces, la Suprema Corte “sí estaba presa de unos cuantos y no a favor de la voluntad del pueblo de México”.

“Él solicitó la consulta para saber si estábamos de acuerdo o no en que se otorgaran contratos o concesiones a particulares, nacionales y extranjeros para la explotación del petróleo. Si esa consulta se hubiera aceptado hoy casos como Odebrecht no existirían. Toda esa corrupción que hoy sabemos que se llevó a cabo en Pemex no se hubiera generado y el dinero de las y los mexicanos no estuviera en manos de gente que no le corresponde”, dijo.

En tanto, el morenista Pablo Gómez refutó que el principal argumento que la oposición plantea contra la consulta es que la justicia se aplica.

“No, ciudadanos y ciudadanos del PRI, la nefasta gestión de su partido nos enseñó que la justicia se exige, sino se exige jamás se cumple porque hicieron un Estado corrupto, donde no funcionó de lado de la justicia ni la procuración ni la impartición. Ese fue el problema”, dijo.

También reprochó al PAN de reproducir cuando fue gobierno el sistema de impunidades del PRI, y duplicó el Estado corrupto.

“Para que Acción Nacional venga aquí a tratar de defenestrar lo que está haciendo el gobierno actual tendría primero que explicarnos por qué permitieron a García Luna en la alta conducción del gobierno nacional..

“Nos dicen que por qué no hicimos nada cuando llegamos, es que todo lo habían ocultado y la responsabilidad del síndrome se llama acción nacional, políticamente hablando”, expuso. 

Por Iván E. Saldaña y Nayeli Cortés