La situación en Afganistán desde la abrupta salida norteamericana en septiembre del 2021 se ha vuelto cada vez más crítica. Con un Estado de Derecho prácticamente nulo y apuntalado en una visión extrema de la Ley Sharía, el sistema legal islámico; así como, una economía en caída libre, la supervivencia básica de la población es dudosa.
En el caso de los grupos más vulnerables, como es el de las mujeres, el malestar es todavía mayor. Especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicaron que las mujeres han perdido todos los derechos que ganaron en los últimos veinte años.
Ser mujer es un crimen
Hoy en día las mujeres son excluidas en prácticamente todos los ámbitos. Tienen prohibido ostentar cargos públicos y cualquier empleo fuera del sector salud o docencia a nivel básico. La segregación entre los géneros es total, y el código de vestimenta es impuesto de una forma draconiana. Su matriculación en la educación secundaria o superior está estrictamente vedada, y necesitan un chaperón varón para salir fuera de su casa.
El golpe más reciente fue propinado el pasado 4 de abril, cuando el Talibán prohibió a las mujeres trabajar en la ONU; la última organización internacional en donde podían estar empleadas. El Talibán argumenta que esta restricción es temporal y debido a faltas en el código de vestimenta- el no usar un hiyab o nicab correctamente- y por incumplir las reglas de segregación entre los géneros. Si bien afirman que es temporal, políticas similares, las cuales supuestamente eran temporales, siguen en pie. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó esta medida severamente y exigió que fuera revocada. Al mismo tiempo, la misión en Kabul se ha negado categóricamente a sustituir a las 400 mujeres afganas que actualmente laboran ahí.
Sin Derechos Humanos
No obstante, no hay mucho que se pueda hacer. Al Talibán no ser reconocido por la ONU- como prácticamente todo el mundo salvo tres Estados-, una de las pocas acciones posibles es congelar la escasa ayuda humanitaria que entra al país, efectivamente dejando a la deriva a 23 millones de personas. Las mujeres, quienes en muchas instancias perdieron sus fuentes de ingresos, serían las principales afectadas.
Al mismo tiempo, su participación en los esfuerzos humanitarios es imprescindible por la mera estructura de la sociedad afgana. Al volverse estrictamente segregada, el acceso a servicios de salud, así como de otros servicios indispensables, está condicionado a que sean impartidos por una mujer. Los pocos recursos para víctimas de abuso sexual o violencia doméstica que han sobrevivido al gobierno Talibán cesarían sus actividades. La misma ONU ha enfatizado que es difícil imaginar cómo llegaría la ayuda humanitaria a aquellos que más la necesitan si se prohíbe que las mujeres ayuden a otras mujeres.
En este contexto, las medidas que la ONU realistícamente podría tomar son pocas, y todas ellas con consecuencias graves para el bienestar de la población afgana. Si corta la ayuda humanitaria millones sufrirán, pero si sigue las reglas impuestas, estaría tácitamente consintiendo a prácticas extremadamente discriminatorias. La libertad económica está intrínsecamente atada a la habilidad de una mujer de hacer su vida fuera del hogar si así lo desea, y su potencial de desarrollarse al máximo. Al controlar férreamente todos los aspectos de la vida de las mujeres afganas, el Talibán está sentenciando a la mitad de su población a cuatro paredes, al silencio forzado y a la invisibilidad, exiliadas a los confines de los caprichos de un gobierno no reconocido internacionalmente.
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