Francia vive una nueva jornada de protestas contra la impopular reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, que parece a punto de sacarla adelante pese a su impopularidad.
Los sindicatos convocaron a una nueva jornada de huelgas y manifestaciones el mismo día en que siete diputados y siete senadores deben consensuar un texto único para la reforma, un paso clave de cara a su posible adopción el jueves.
"Es un día importante para derrotar esta reforma injusta. La movilización de los trabajadores debe interpelar a los diputados. Seamos numerosos en las calles", tuiteó Laurent Berger, líder del sindicato CFDT.
Dos de cada tres franceses se oponen al plan de Macron de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42, como ahora, para cobrar una pensión completa.
Pese a la masiva movilización, pues el pasado 7 de marzo se manifestaron entre 1.28 y 3.5 millones de personas, el gobierno se mantuvo firme en su plan que busca, a su juicio, evitar un futuro déficit en la caja de pensiones.
Además, desde la semana pasada, los sindicatos se sumieron en una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y el transporte, y cuya imagen más espectacular son las toneladas de basura acumuladas en las calles de París.
Sin embargo, la movilización perdió fuerza en los últimos días, a medida que el escenario de su adopción se acerca y que los franceses tienen cada vez más claro que se aplicará.
Aunque el servicio de trenes y el transporte público de París sigue perturbado, el ministro de Transportes, Clément Beaune, descartó que se viva una jornada negra, pues solo un 20 por ciento de los vuelos se anularon en el aeropuerto de Orly.
En el sector de la energía se esperan nuevas caídas de producción eléctrica y que continúe el bloqueo de la expedición de combustible en la mayoría de refinerías. Los cuatro terminales metaneros siguen en huelga.
Las miradas y la presión están puestas ahora en el Parlamento.
La adopción de un texto conjunto por la comisión mixta de 14 senadores y diputados se da por hecho. El oficialismo y la oposición de derecha favorable al texto son mayoría.
Sin embargo, la incertidumbre planea sobre si el proyecto de ley resultante recabará la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional. El Senado debe también dar su visto bueno final ese día.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, se dijo convencido de que ese proyecto de reforma logrará una mayoría en el Parlamento, pese a que algunos diputados oficialistas y de derecha advierten que por ahora no lo votarán.
El gobierno aumentó la presión sobre ellos, a la espera de no tener que activar otro polémico procedimiento parlamentario en la Asamblea para adoptar esta reforma clave para Macron y para el resto de su segundo mandato, que corre hasta 2027.
Conocido como el 49.3, este mecanismo permite al gobierno superar el trámite en la Asamblea sin someter la reforma a votación. La única manera de frenar su adopción es que los diputados presenten y adopten una moción de censura que obliga a la renuncia del gobierno.
El politólogo Gilles Finchelstein, de la Fundación Jean Jaurès, considera que activar el 49.3 sería una derrota para el gobierno y para el presidente francés, aunque considera que lograrán finalmente la mayoría necesaria.
Los sindicatos ya han empezado a reflexionar sobre los pasos a seguir en caso de adopción de la reforma. Por ahora, piden someterla a una consulta ciudadana, al estimar que carece de legitimidad democrática por el rechazo popular.
Con información de AFP