El nuevo gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, está causando controversia por las polémicas decisiones que ha empezado a tomar a unos días de haber tomado posesión. Por medio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que quienes participen en manifestaciones convocadas para el miércoles 19 de diciembre contra la política de Milei, serán privados de sus prestaciones y programas sociales.
Esta polémica surgió después de que el mandatario argentino lanzará un nuevo protocolo de seguridad para limitar las protestas callejeras en Argentina, esta advertencia también incluye una auditoría a las organizaciones de desempleados en un intento de acotar su poder de movilización.
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“Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente. Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra“, ha apuntado Pettovello, en un mensaje a la nación argentina.
¿De qué trata el polémico protocolo de seguridad de Milei?
El nuevo protocolo de seguridad contempla que las fuerzas federales podrán actuar sin autorización de un juez para desalojar a los manifestantes que interrumpan cortes a la circulación cerrando calles, carreteras y autopistas. La ministra de Capital Humano, señaló que se comenzarán a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales, por lo cual van a iniciar un proceso para la eliminación de los certificados de presencialidad de las organizaciones sociales.
También Pettovello señaló que la retirada de ayuda a quienes corten la circulación de la vía pública como protesta, la ministra aseguró por otro lado que se aumentará los montos del apoyo social para mitigar el impacto del plan de ajuste en los sectores más vulnerables de la población.
JUAN MABROMATA / AFP
El control de las protestas va en paralelo con el plan de ajuste anunciado hace una semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluye una devaluación de más de 50% del peso argentino, reducción de subsidios a transporte públicos y energía, despido de empleados públicos y suspensión de obra pública, entre otros puntos, con el fin de reducir cinco puntos del déficit fiscal.
