En una población de Colombia donde cometieron sus crímenes en la década del 2000, 10 militares retirados reconocieron ante las familias de las víctimas la ejecución a sangre fría de 100 civiles que presentaron como guerrilleros caídos.
En la inédita audiencia, organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, los uniformados confesaron su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, la mayoría pobres.
Unos 50 familiares de las víctimas ingresaron a un teatro universitario exhibiendo fotografías de sus parientes.
En el escenario se sentaron cara a cara frente a sus victimarios, y cinco magistrados del tribunal, surgido del histórico acuerdo de paz de 2016, que hasta hoy escuchará los relatos de un general, cuatro coroneles, cinco oficiales y un civil que colaboró en los hechos.
"Les pido limpiar el nombre de nuestros familiares (...) eran campesinos trabajadores, no como los tildaron de guerrilleros", reclamó una víctima.
EXIGEN RENUNCIA
Por otra parte, congresistas opositores pidieron la renuncia del ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, durante un debate al que fue citado para rendir explicaciones por un operativo militar en el que murieron al menos 11 personas entre las que, según organizaciones de derechos humanos, había civiles.
AFP Y AP
MAAZ
