Mike García, un congresista republicano e hijo de padres mexicanos que emigraron a Estados Unidos en 1959, anunció que copatrocina un proyecto de ley que permitiría a víctimas de delitos cometidos por inmigrantes y sin permiso legal demandar a las llamadas "ciudades santuario" por sus "inacciones".
El proyecto de ley fue presentado por primera vez por el senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, en julio de 2019.
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De acuerdo con el National Immigration Forum, para aprobarse el proyecto de ley requeriría que los estados y sus subdivisiones políticas den su consentimiento para ser demandados como condición para recibir ciertas subvenciones federales
Una vez que se diera el consentimiento, las víctimas podrían demandar a una ciudad santuario si ignora una orden de detención de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.
Mike García, que representa partes del norte del condado de Los Ángeles, dijo en un comunicado que las ciudades santuario deben "rendir cuentas por sus inacciones".
"Debemos defender la ley y el orden en nuestras ciudades y comunidades. Las ciudades que se niegan a respetar la ley deben rendir cuentas por su inacción. Negarse a cumplir con las solicitudes de retención del DHS tiene consecuencias nefastas”.
“Necesitamos hacer de la seguridad pública una prioridad y devolver a los criminales peligrosos a nuestras comunidades hace lo contrario. No solo hace que nuestra nación sea menos segura, sino que no deja espacio para que las víctimas de estos delincuentes obtengan justicia", agregó.
"La Ley de Justicia para las Víctimas de las Ciudades Santuario mejorará la seguridad pública y responsabilizará a las ciudades santuario por el peligro que imponen a nuestras comunidades", indicó García, quien también es expiloto de la Marina de los Estados Unidos.
¿Qué es una ciudad santuario?
En Estados Unidos, este termino aplica a los lugares que ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con las autoridades federales de inmigración.
No es un término legal, así que la forma de implementarlo puede variar, pero las políticas pueden establecerse en la legislación o pueden simplemente ser prácticas de la policía local.
California ha sido un estado santuario desde 2017, cuando el entonces gobernador Jerry Brown firmó un proyecto de ley que impide que las agencias locales y estatales cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con respecto a los inmigrantes indocumentados que han cometido delitos menores.
En cuanto a la ciudad de Los Ángeles, el Departamento de Policía ha tenido durante largo tiempo la política de no iniciar contacto con las personas únicamente por su estado migratorio, además, en febrero de 2019, el Ayuntamiento aprobó la resolución para afirmar que Los Ángeles es una “ciudad santuario que protege los derechos humanos de todos nuestros residentes".
CRS