Varios países europeos han utilizado a sus ejércitos como apoyo para hacer frente al COVID-19, pero España, uno de los más afectados, está empleando la disciplina militar para un proceso que resulta clave a la hora de frenar la propagación del virus: el seguimiento de contactos.
En cinco bases militares de Madrid, 150 soldados voluntarios pasan sus días llamando a personas que fueron diagnosticadas con COVID-19, creando un mapa de las interacciones sociales recientes de los contagiados y pidiendo a los infectados que se queden en casa.
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De los dos mil efectivos que el gobierno nacional ha ofrecido para reforzar las labores de rastreo, mil 783 fueron asignados a 15 de las 17 regiones de España, informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Por otra parte, la justicia española rechazó ayer el confinamiento perimetral impuesto para combatir al COVID-19 en Madrid y otras ciudades aledañas, un revés para el gobierno español que se prepara para declarar el estado de alarma en esta región.
Seis días después de su aplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó ratificar la restricción de movilidad que afectaba a 4.5 millones de personas de la capital y otros nueve municipios de esa zona.
El alto tribunal alegó que estas medidas, impuestas por el Ministerio de Sanidad pese al rechazo del gobierno regional conservador, afectan "los derechos y libertades fundamentales" y que la ley utilizada no ampara su limitación.
Ambas administraciones tendrán hoy una reunión en la que se espera "pactar una solución que beneficie a los ciudadanos y dé claridad".
Por Reuters y AFP