La compra de votos durante las elecciones es un delito electoral y de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, dicha práctica puede ser castigada desde 50 hasta 400 días de multa de salarios mínimos y entre seis meses a nueve años de prisión.
Para conocer más sobre el tema a continuación te presentamos las características y sanciones de este delito para identificarlo.
Según el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales en su fracción VII, la compra de voto es aquella práctica cuando se solicitan votos por paga, promesa de dinero u otra compensación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o ya sea a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante la campaña, el día o tres días antes de la jornada electoral.
La compra de votos incluye también condicionar con quitar los beneficios de programas sociales ya sea por no participar en eventos proselitistas por votar por un candidato, partido o coalición, o bien por no acudir a votar.
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Sanciones por comprar votos
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales cualquier persona puede cometer el delito electoral del voto. Sin embargo depende del actor el tipo de sanción a la que es acreedor.
Según la ley, cualquier persona que cometa dicho delito será sancionada de 50 a 100 días de salario mínimo y prisión de seis meses a tres años, mientras que un ministro de culto religioso podría ser sancionado con hasta 500 días de salario mínimo.
Un funcionario electoral enfrentaría una pena de dos a seis años en la cárcel con una multa de 50 a 200 días de salario mínimo.
Por su parte, los funcionarios partidistas o candidatos pagarían de multa entre 100 y 200 días de salario mínimo con una condena en prisión de dos a seis años.
Asimismo, los servidores públicos pagarían multas entre 200 a 400 días de salario mínimo y prisión entre dos a seis años.
En caso de que diputados o senadores incurran en este u otro delito electoral, sus derechos políticos estarían suspendidos hasta por seis años.
RMG