La investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los pendientes que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador y que le tocará resolver a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo.
Aunque fue uno de los 100 compromisos que asumió López Obrador en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018 y directamente supervisó las investigaciones, a casi una década de los hechos violentos del 26 de diciembre de 2014, aún no se conoce el paradero de los jóvenes.
El 27 de agosto fue la última reunión entre el titular del Ejecutivo Federal y los padres y madres de los 43 que reclamaban que se entregara mayor información sobre la participación de los militares en el caso y ante la defensa al Ejército que provocó la confrontación con uno de los principales abogados, Vidulfo Rosales.
Será el 26 de septiembre, antes de que concluya el actual sexenio, que se presentará en la mañanera un informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).
Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer las 6 resoluciones en las que ordenó entregar información para contribuir al esclarecimiento del caso Ayotzinapa y que se había reservado con el argumento de que se afectaría las actividades de la investigación.
La primera es que en febrero de 2022 ordenó que se entregara una versión pública de la averiguación previa actualizada que la entonces PGR había reservado por 12 años. Además, el pleno del instituto instruyó que para garantizar el derecho a la verdad se entregarán versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados en los hechos.
También, estableció que se entregaran en versión pública bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la entonces Policía Federal en Guerrero, tarjetas informativas, parte de novedades, dictámenes técnicos e información sobre las personas puestas a disposición ante el MP.
A la FGR, le ordenó que presentara en versión pública información de las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México, además de que a la Secretaría de Marina le solicitó que presentara toda la información sobre la participación de buzos en la investigación.
Otra de las resoluciones, es que le ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar en versión pública el expediente entregado por la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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