Comunicado Conjunto de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford en relación con la aprobación de la reforma para la elección popular de jueces
La recientemente aprobada reforma constitucional en México cambia profundamente el sistema judicial del país. Politizará el poder judicial al reemplazar a casi siete mil jueces en funciones en todo el país con jueces elegidos por voto popular y al establecer un tribunal disciplinario judicial y un tribunal electoral, cuyos miembros también serán elegidos por voto popular y cuyos términos coincidirán con el periodo presidencial. Como señalamos en nuestro informe, estos cambios, que afectan más de 18 artículos estructurales de la Constitución, violan las obligaciones de México bajo el derecho internacional y representan una grave amenaza para la independencia judicial y el estado de derecho en México.
Es particularmente preocupante que una reforma tan masiva del sistema judicial, que modifica 18 artículos estructurales de la Constitución, haya sido aprobada de manera expedita en tan solo 8 días. La falta de deliberación significativa y consulta pública es alarmante, dada la gravedad de las consecuencias para la administración de justicia en todo el país. Miles de jueces, operadores judiciales, estudiantes de derecho y grupos de la sociedad civil se manifestaron en las calles en protesta, exigiendo mayor discusión y planteando serias preocupaciones sobre el impacto de la reforma en la independencia judicial. Sin embargo, sus voces fueron ignoradas.
En los próximos días, continuaremos monitoreando los desarrollos relacionados con la reforma, particularmente en cuanto a la continuidad de los casos actualmente pendientes en el poder judicial, los derechos laborales de los jueces, la composición y los procesos de los comités de evaluación, y la implementación de la reforma a nivel estatal.
El documento eta firmado por Víctor Oléa Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y por Amrit Singh, profesora de Práctica y Directora Ejecutiva, Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford.
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