Inflación, PIB, crecimiento económico, política monetaria, política fiscal, competitividad, comercio exterior, crisis por COVID-19, exportaciones e importaciones son solo algunos de los temas de los que se habla todos los días en este país en cualquier medio de comunicación existente.
Sin embargo, hay otro tema de suma importancia del cual también se habla todos los días en México, uno en el cual muchos mexicanos sufren sus consecuencias diariamente, pero, curiosamente, se ve como un problema ajeno, sin relación ninguna con la esfera económica. Me refiero a la inestabilidad evidente del Estado de Derecho mexicano.
Si bien esta inestabilidad no es un problema nuevo, lo cierto es que con el gobierno de la cuarta transformación se ha acrecentado, un problema que ha sido tan fuerte en estos últimos cuatro años que ya hasta parece normalizado. Nos encontramos ante un presidente que ha demostrado que parece ser más simpatizante de la delincuencia organizada, de la corrupción y de la ausencia de una democracia efectiva, que del pueblo que supuestamente juro proteger.
Si bien la falta de un Estado de Derecho pareciera que es más un problema y una discusión política, la realidad es que ha tenido un gran impacto en el constante atraso económico nacional. Las empresas enfrentan un ambiente complicado y costoso. Los datos del INEGI nos revelan que los niveles de desconfianza de los hogares y de las empresas son elevados.
Si bien el indicador de confianza empresarial ha venido disminuyendo en los últimos 10 años, viendo las cifras de este sexenio nos damos cuenta de cómo ha bajado el índice drásticamente y sigue con esa tendencia. Al igual, el índice de confianza del consumidor proporcionado por el INEGI no ha logrado superar el pico máximo de 50 puntos.
Las necedades de López Obrador por gastar los recursos públicos en sus obras emblemáticas de la transformación como Dos Bocas, el AIFA y el Tren Maya, su claro desinterés por fortalecer el sector salud y educativo ante la emergencia sanitaria, su obsesión por desaparecer instituciones tan relevantes para la democracia como el INE o el INAI y su política de “abrazos, no balazos” por supuesto que han traído todo un ambiente de desconfianza e inquietudes para la sociedad.
Además, todo este Estado de Derecho inestable inhibe la inversión productiva y limita el crecimiento de la economía, lo que también trae un descenso en el número de trabajos bien remunerados. Cómo es que el gobierno espera tener buenos resultados en el ámbito económico cuando tienen una actitud que parece estar en contra de atraer cualquier tipo de inversión privada nacional y extranjera, la cual es una de las bases para no tener un estancamiento y bajo crecimiento económico.
Si se quiere mejorar la situación económica del país entonces es urgente estabilizar el Estado de Derecho mexicano, no es posible que exista un buen crecimiento económico y una estabilidad económica si no se logra dar certidumbre de que México no se va a convertir en un Estado fallido.
Pero, el problema es muy claro, el presidente y a sus aliados han demostrado día con día que no les interesa ni lo más mínimo el tener un gobierno transparente, sin corrupción, que proteja los derechos de las y los ciudadanos y que esté a favor de una democracia efectiva que promueva el desarrollo económico de la nación.
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mgm
