Lunes 21 de Junio 2021
COPARMEX

Detectan que buscan fast track en respuesta a anomalías laborales

La Coparmex hizo un análisis de los proyectos de gobierno federal a los ajustes de la regulación actual

Es complicado llevar a cabo los cambios que incluye la normativa
Es complicado llevar a cabo los cambios que incluye la normativa
Escrito en ECONOMÍA el

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) recibió una propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que plantea reformar el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones para reducir, de 90 a 5 días, el plazo en el que los centros de trabajo deben subsanar las anomalías detectadas durante las inspecciones, detectó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Coparmex considera que este proyecto podría resultar excesivo y dificultará el cumplimiento de las empresas, anotó en comunicado.

Por eso, la confederación que preside José Medina Mora Icaza hizo un llamado a la Conamer para que se cumpla con el tiempo establecido para la consulta pública antes de su dictaminación, periodo que concluirá el próximo 16 de junio de 2021. 

Si bien para las empresas mexicanas es primordial atender con prontitud los posibles riesgos o anomalías detectadas por los inspectores laborales para evitar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de nuestros colaboradores, el contar con un tiempo tan reducido dificultaría el cumplimiento de la norma, apunta el informe

Reiteramos la petición a la Conamer para que, este proyecto que está clasificado en el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) como de impacto moderado, cumpla con el tiempo establecido de consulta pública para permitir la participación de los sectores social y empresarial y estos puedan expresar con puntualidad sus opiniones o realizar aportaciones que enriquezcan la propuesta. 

Más proyectos

La Coparmex detectó que del 29 de mayo al 04 de junio de 2021 la Comisión recibió 18 proyectos regulatorios, tres de los cuales están clasificados como regulaciones con costo económico o social, por lo que habrá un AIR por parte de la dependencia y un periodo de consulta pública para permitir la participación ciudadana, señala la Confederación.

De los proyectos con costo, uno fue emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se trata de un acuerdo a través del cual se informa al público en general de la reducción programada en el consumo de hidrocloroflourocarbono en México en los años 2021-2023.

El objetivo de este proyecto es dar cumplimiento a los compromisos del Gobierno de México con el Protocolo de Montreal en lo relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono, agrega el informe.

El segundo proyecto con posible costo fue emitido por Correos de México y tiene como objetivo reformar y adicionar diversas disposiciones del Reglamento para la operación del organismo Servicio Postal Mexicano. 

En específico, se establecen los mecanismos a partir de los cuales se pueda ofrecer a la población en general servicios postales electrónicos. 

El tercer proyecto con posible costo fue emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el que se definen reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro de peritos, en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

Los 13 proyectos restantes ingresaron como exenciones, expone el informe este lunes.

“Es importante mencionar que en esta edición de la #AlertaRegulatoria se detectaron también cuatro proyectos que sí implican posibles costos y no debieron de haber sido clasificados como exenciones, entre los que destacan dos regulaciones de la STPS sobre la capacitación de trabajadores y el programa de formación de agentes multiplicadores”, apunta. 

Aunque el objetivo de las regulaciones es positivo, debido a que sí establecen requisitos y obligaciones de cumplimiento que los trabajadores interesados deben de cumplir, consideramos que ambas regulaciones deben de pasar por un proceso de AIR y de consulta pública. 

Por: Everardo Martínez

GDM