Gerardo Prado, socio del despacho Sánchez Devanny, consideró que una de las consecuencias de la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría implicar la aplicación de aranceles a los productos que importa México de otros países, lo que podría ser una forma de "castigo".
En entrevista para Heraldo Televisión en "Tiempo de Negocios" con Darío Celis, detalló que las empresas particulares, bajo los diferentes tratados, "tienen derecho a reclamar que se les está afectando en sus inversiones el Estado de derecho y bajo las condiciones que ellos invirtieron", lo que podría derivar en una serie de litigios internacionales.
Adelantó que se avecina una serie de demandas, tanto de empresas como de gobiernos con los que México tiene relaciones comerciales, esto porque la reforma eléctrica podría ser violatoria, ya que, de acuerdo con lo que se establece en la propuesta, los contratos serían cancelados.
"La reforma establece que se van a cancelar los permisos que son vigentes y esto traerá como consecuencia que las operaciones paren, por lo que los empresarios buscarán soluciones en México y en el extranjero para sus intereses", expresó.
Prado consideró que la cuenta no la pagaría el actual gobierno, porque los litigios legales pueden tardar un par de años en surtir efecto, por lo que serían las próximas administraciones la que tendrían que pagar las decisiones se están tomando el presidente López Obrador.