Las víctimas de tortura por parte de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes entre el 2010 y 2014 cuando estaba al frente Felipe Muñoz Vázquez, señalaron que no ven avance en sus casos. Indicaron que desde la actual Fiscalía del Estado se les ha revictimizado al enviar a ministeriales a sus casas, cuando las secuelas y daño emocional están presentes.
En conferencia de prensa, calificaron que sería un suicidio político el poner a un torturador en un cargo público de nueva cuenta. Además criticaron que la diputada Leslie Figueroa declarara que sus casos son una cuestión política y que no es cierto que fueron torturados.
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