Un hombre de 29 años de edad intentó ingresar completamente desnudo a los juzgados de Valencia para asistir a un juicio contra él por no llevar ropa en la calle, sin embargo, el acceso le fue impedido por tres agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al grupo de seguridad de la Ciudad de la Justicia de esta ciudad de España.
Las fotografías y videos del instante mismo fueron captados por miembros de la prensa que observaban de cerca el suceso, y que minutos antes había entrevistado al joven a su llegada. En uno de los videos se observa cómo otro grupo conformado por cinco elementos de la Policía Nacional lo rodearon y lo obligaron a vestirse, previa advertencia de que de no hacerlo se haría acreedor a una sanción.
Se trata de Alejandro C., un empleado informático que labora para una empresa americana de seguridad informática, quien llegó hasta los accesos de la Ciudad de la Justicia, para asistir a un señalamiento a juicio en un juzgado de lo contencioso-administrativo, por una multa que se le impuso por pasear por la calle sin ropa.
Video se viraliza en redes
Alejandro C., a quien se le han impuesto cerca de una decena de multas por un importe global de unos 3 mil euros (más de 63 mil pesos mexicanos), aseguró en una entrevista previo a su ingreso a los juzgados, que esta era la manera en la que él reivindica esta "práctica legal" y, por tanto, defendía así su derecho a ejercerla.
“Alejandro ya tuvo un juicio penal, le condenaron por entrar a una comisaría desnudo. Este juicio se ha perdido en primera instancia y en la Audiencia Provincial, y está pendiente de casación al Supremo. Es probable que acabe en el Constitucional”, declaró su abogado, Pablo Mora, a los medios locales.
Mora explicó que entienden que ir desnudo por la calle no es un delito, pero reconoció que existe un vacío legal desde que en 1988 se eliminó el delito de escándalo público. Por lo que desde entonces, esta práctica queda regulada por cada administración municipal.
El abogado destacó que en España son pocos los ayuntamientos que lo han regulado, entre ellos el de Barcelona y Valladolid, pero ninguno del área metropolitana de Valencia, por lo que, asegura, "se está vulnerando el principio de legalidad".
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