Es aceptada la idea de que el desarrollo tecnológico es capaz de generar fuentes de empleo al incidir en las capacidades productivas de una economía. Aunque podríamos afirmar que la historia de las apps de delivery son un ejemplo de ello, este paradigma debe ser problematizado ante las nuevas (y no tan nuevas) formas de desigualdad y precarización laboral asociadas a estos nuevos empleos. Tras poco más de un año de pandemia aquí en México, acontecimiento que nos llevó a esperar una revalorización tangible de la importancia de los repartidores en la sociedad, todavía es urgente ampliar la discusión y la promoción de los derechos laborales de este sector.
Es importante recordar que la lucha por los derechos laborales de los repartidores empezó antes de la pandemia. No es esta una situación excepcional que les haya vulnerado de pronto. Un par de años antes de iniciada la pandemia, el colectivo Ni Un Repartidor Menos, que hasta el año pasado agrupaba al menos 25,000 repartidores registrados, ya se encontraba emprendiendo acciones para garantizar sus derechos. Denunciaban ya el poco interés de las aplicaciones por la seguridad de los repartidores, al brindarles un seguro insuficiente, en relación con su riesgo, y de retenerles comisiones excesivas. También denunciaban ante las dependencias de seguridad asaltos y casos de acoso sexual a las repartidoras. Estas exigencias se acentuaron con la pandemia, pues ninguna aplicación garantizó tampoco elementos suficientes para la prevención de contagio de los y las repartidoras que ofrecen hoy en día sus servicios hasta por 12 o 14 horas al día. "En tu pedido va mi vida" se convirtió en un recordatorio de este colectivo para los usuarios de las apps ante los nuevos riesgos. Sin una regulación legal que pusiera condiciones a empresas, como Rappi o UberEats, esta situación de precarización laboral continuó propiciándose.
Se pensaba que con la pandemia el incremento en la demanda de comida y artículos de despensa les beneficiaría. Lo cierto es que, con el desempleo generalizado en el país y las bajas barreras de entrada de parte de las apps, la oferta de trabajadores incrementó sustancialmente, lo que terminó incrementando la competencia entre repartidores y disminuyendo el volumen de pedidos individual. En Latinoamérica, hemos visto desde el año pasado, ante esta situación, importantes movilizaciones de repartidores. Tanto en Argentina, como en Brasil y en México, por mencionar algunos países, los repartidores se han unido exigiendo a sus gobiernos mejores condiciones laborales, por lo que, ante la permisividad del mercado, el Estado de derecho parece la última frontera. Es interesante, además, que el alcance de estas movilizaciones no se limita al terreno del ámbito laboral de los repartidores, pues sus exigencias tienen una intersección con las agendas de movilidad vial de colectivos de ciclistas y peatones.
Para dimensionar el problema, considero importante comentar algunos de los principales resultados del reciente estudio llevado a cabo por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de México, capaces de desmitificar algunas características de este sector. Estos resultados concluyen que este trabajo no es únicamente desarrollado por jóvenes ni por estudiantes (solo dos de cada diez reparte mientras estudia); tampoco se trata de personas con baja escolaridad, pues casi la mitad tiene la preparatoria o más años de escolaridad; tampoco se trata de un trabajo secundario, pues 80% de los trabajadores se desempeña solo como repartidor y, por último, mencionar que el promedio de horas de trabajo supera los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como de la misma Constitución mexicana.
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La conclusión más contundente de este estudio, que coincide con las exigencias de los trabajadores organizados de reparto es que, aunque las aplicaciones este año muestren mayor disposición a reducir comisiones, es urgente un plan de acción gubernamental para garantizar los derechos laborales de los y las repartidoras a partir de reformas a la Ley Federal del Trabajo, acuerdos con las plataformas y litigio estratégico.
mgm