El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y en vigor desde 2021, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que incorpora disposiciones específicas para la protección de defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su relevancia trasciende fronteras nacionales: Escazú constituye un paradigma jurídico y político de acceso a la justicia ambiental, la participación pública y la transparencia en materia ambiental, en una región históricamente afectada por la desigualdad, la conflictividad socioambiental y la impunidad, como tristemente los datos duros demuestran.
Para México, su adhesión al Acuerdo en 2021 representó un compromiso formal con la democracia ambiental y una oportunidad para consolidar el marco normativo en torno al acceso a la información, la participación efectiva en la toma de decisiones y la garantía de reparación en casos de daño ambiental. Sin embargo, su implementación sigue siendo un reto, especialmente en un país que, de acuerdo con algunos organismos internacionales, se ubica entre los más peligrosos para quienes defienden el ambiente.
Pero Escazú no es solo una respuesta jurídica a una crisis ambiental; es también una herramienta de política internacional con alto valor simbólico y práctico. Representa un paso firme hacia el reconocimiento del ambiente sano como derecho humano fundamental, y coloca a América Latina como referente de vanguardia en la gobernanza ambiental global. Su potencial radica en su enfoque de justicia intergeneracional, en la consolidación de estándares comunes para el manejo de conflictos socioambientales, y en su contribución directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial al ODS 16 sobre “Paz, justicia e instituciones sólidas”.
Comprender la dimensión real del Acuerdo de Escazú exige una mirada multidisciplinaria. Desde las Relaciones Internacionales, se analiza su papel como instrumento de cooperación y diplomacia ambiental; desde el Derecho, su arquitectura jurídica; y desde los estudios ambientales, su vínculo directo con los ecosistemas, las comunidades y los impactos del cambio climático y otros problemas ambientales. Solo así se entiende su complejidad y su alcance transformador.
El acuerdo de Escazú importa porque nos recuerda que cuidar la Tierra no es un acto heroico, sino un deber compartido. Porque dignifica la voz de quienes arriesgan su vida por el agua, los bosques, los ríos y el aire. Y porque, en un mundo que se enfrenta al colapso ambiental, ofrece algo profundamente necesario: esperanza con respaldo legal. En México, instituciones como la PROFEPA pueden ser pilares de su aplicación y ejemplo de buenas prácticas para la región. América Latina no puede darse el lujo de ignorarlo. El mundo tampoco.
POR MARIO DUARTE VILLARELLO
DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES, EXPERTO EN POLÍTICA AMBIENTAL INTERNACIONAL Y PROFESOR DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS GLOBALES
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MARIO.DUARTEVI@ANAHUAC.MX
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