La semana pasada uno de los temas más relevantes de la agenda pública se relacionó con la declaración de nulidad por parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en la licitación de 175 claves de medicamentos debido a sobreprecios, con lo cual se presume un daño económico de aproximadamente 13 mil millones de pesos.
Es de reconocer la decisión de la Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría Anticorrupción de cancelar el proceso, sobre todo porque se trata de un tema que ha sido polémico en los últimos años: la falta de insumos para la correcta atención médica. Sin embargo, se dejó en claro que el trabajo para el abasto de medicamentos no se detiene, a pesar de lo sucedido; además se tomó la decisión de separar de su cargo a al menos cinco funcionarios de Birmex (Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México), por posible colusión ante estos hechos.
Sí, decisión complicada, pero necesaria si se quiere cumplir con la promesa de cerrar espacios y redes de corrupción, porque además de acciones preventivas, se requieren correctivos y el cese de funcionarios, la investigación y cancelación dan señales de que se cumple con la palabra, siempre existe “alguien” que comenzó con la red, el llamado beneficiario final.
Además, en la administración pública la transparencia seguirá siendo indispensable, especialmente en la contratación de medicamentos para la salud pública. La opacidad suele ser la antesala de la corrupción, y en este caso la corrupción causa muertes afectando la salud de la población.
La adquisición de medicamentos no es un mero trámite burocrático. Cada peso malgastado, cada sobreprecio, se traduce en menos recursos para adquirir fármacos esenciales, tratamientos oncológicos o vacunas vitales. En un país como México, donde el acceso a la salud aún presenta desafíos, debemos unirnos para exigir que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa.
¿Por qué la transparencia es tan crucial? Porque permite la rendición de cuentas. Cuando los procesos de contratación son públicos y accesibles, los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden supervisar cómo se gasta el dinero. Los funcionarios públicos, sabiendo que sus acciones están bajo escrutinio, son más propensos a actuar con apego a la ley.
Otra virtud de la transparencia es fomentar la competencia. Cuando las licitaciones son abiertas y transparentes, un mayor número de proveedores puede participar. Esto genera una competencia sana que, a su vez, puede conducir a mejores precios y condiciones para el Estado.
¿Qué se puede mejorar en estos procesos? Publicación exhaustiva de información; participación ciudadana; uso de tecnologías y más sanciones ejemplares.
La transparencia no es un mero idealismo, sino un camino para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y equitativa en la adquisición de medicamentos. Es una inversión en la salud y el bienestar de la población, y un antídoto eficaz contra la corrupción y los sobreprecios.
En conclusión, los sobreprecios en cualquier adquisición o ejecución de obra es el costo oculto que paga la ciudadanía.
POR JULIETA DEL RÍO
@JULIETDELRIO
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