Hace unos meses un conocido me contó de una caída que sufrió en su propia casa. Después de llamar al 911, una ambulancia y personal a cargo llegaron para brindarle los primeros auxilios, todo parecía normal. Pero al momento de pedir el traslado a una clínica en específico, los paramédicos se negaron, exigieron un cobro —por demás excesivo— a cuenta del tiempo destinado por acudir y brindar la atención, para finalmente dejar a la persona tirada a su suerte.
Esta situación se volvió muy recurrente en la Ciudad de México en los últimos años: la circulación de las ambulancias patito. Es una realidad que persiste y un problema que debemos atender por el simple hecho de que se trata de vidas humanas y el ejercicio de un derecho fundamental como es el acceso a la salud.
Bien dicen que todas y todos estamos expuestos a una emergencia, de eso no hay duda, y que nunca sabremos cuándo necesitaremos de un servicio de ambulancia que nos brinde atención prehospitalaria, urgencias o tan sólo nos traslade a alguna clínica. Sin embargo, la desesperación y vulnerabilidad, tanto física como emocional, no debe ser moneda de cambio ni motivo para lucrar.
La mayoría hemos oído cómo estas ambulancias patito operan: compran una unidad que ya está fuera de circulación; la reacondicionan incluso con nomenclatura falsa; paramédicos —muchos sin la debida preparación— se filtran en las comunicaciones de los servicios de emergencia para finalmente, llegar antes que los servicios autorizados, y así comienza una dinámica sobre la delgada línea entre la vida y la muerte. Una emergencia termina por ser un sorteo perverso.
Las ambulancias patito no deben circular porque ponen en riesgo la salud y, no en pocas ocasiones, la vida de las personas. Por eso es que esta semana en el Congreso de la Ciudad de México aprobamos una serie de acciones para conocer cuántas ambulancias están debidamente registradas y cuántas han sido retiradas; además, pedimos que se investigue la compra y venta de ambulancias de segunda mano, la vigilancia de las unidades privadas y sociales; y de igual forma, que se garantice un trato digno a las personas usuarias, respetando las tarifas oficiales para que nadie se aproveche del dolor como motivo para generar ganancias.
Cada vez que una ambulancia falsa llega primero a una emergencia, se roba la oportunidad de un traslado digno y seguro; cada vez que un operador sin preparación toca un cuerpo herido, pone en juego la vida de alguien que pudo haberse salvado. Lo que enfrentamos no es sólo un problema administrativo: es un drama humano que lastima a las familias, vulnera el derecho a la salud y destruye la confianza en las instituciones. No más #AmbulanciasPatito.
Jannete Guerrero Maya
@jguerreromaya
