El anuncio que advierte un nuevo decreto que prohibirá el uso de diversos plaguicidas altamente peligrosos en México ha encendido nuevamente el debate sobre la modernización del campo, la salud pública y la sostenibilidad agroalimentaria.
“El DDT todavía no está prohibido, aunque prácticamente no se vende. Vienen muchos (decretos) que están prohibidos en otros países y aquí no, y dañan muchísimo la salud. Viene el decreto en este sentido, ya lo vamos a estar informando”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.
El anuncio recuerda la polémica que provocó el decreto del ex presiente Andrés Manuel López Obrador para prohibir el uso del glifosato, presentado en 2020, y que tuvo que ser pospuesto ante la falta de alternativas viables en el corto plazo.
Ahora, el nuevo gobierno enfrenta un reto similar: garantizar la transición hacia un campo más sustentable sin poner en riesgo la productividad ni los ingresos de miles de productores.
A nivel global, varios países han implementado restricciones al uso de plaguicidas peligrosos; por ejemplo, la Unión Europea prohibió el uso de más de mil 300 sustancias activas por sus riesgos comprobados a la salud y al medio ambiente, mientras que Estados Unidos, Canadá y Japón también han endurecido sus políticas regulatorias.
Sin embargo, en naciones con sectores agroindustriales tan amplios y heterogéneos como el de México, las decisiones regulatorias deben considerar una realidad compleja: la dependencia de insumos agrícolas para mantener la productividad, especialmente entre pequeños y medianos productores que no cuentan con acceso a tecnologías alternativas.
Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), más del 50 por ciento de la producción de alimentos en el país proviene de productores de menos de cinco hectáreas.
Son estos agricultores quienes podrían verse más afectados si el decreto entra en vigor sin una estrategia clara de transición técnica, económica y logística.
Desde el sector productivo ya se anticipan preocupaciones. Al igual que ocurrió con el glifosato, organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y asociaciones regionales podrían argumentar que una prohibición súbita afectaría el rendimiento de cultivos como maíz, sorgo, frijol, hortalizas y frutales, cuyos ciclos agrícolas han sido diseñados en torno a prácticas intensivas en agroquímicos.
Además, está el componente comercial: México exporta más de 50 mil millones de dólares en productos agroalimentarios, y cumplir con los estándares sanitarios internacionales sin perder eficiencia productiva es un equilibrio delicado, pues con una mala gestión de la transición generaría cuellos de botella o perder mercados clave.
No obstante, también se abren oportunidades, pues se podría incentivar el desarrollo de una industria nacional de bioinsumos, atraer inversión en innovación agroecológica, y posicionar a México como un país que apuesta por una agricultura más limpia y sustentable, en línea con las tendencias de los consumidores.
El resumen, la implementación del decreto requiere un enfoque técnico, inclusivo y gradual, que evite replicar los errores del intento fallido de prohibición del glifosato en la administración pasada y tome en cuenta a los pequeños productores y los desafíos que enfrentarían.
POR MARIANA OTERO BRIZ
COLABORADORA
@Brizcocho
EEZ
