Ayer comenzaron las campañas para elegir a la totalidad ministraturas de la Suprema Corte, magistraturas y juzgadores federales. Según el INE, son 3,422 candidaturas. Así, en los próximos dos meses estaremos presenciando unas campañas completamente atípicas, como igualmente sui generis es todo el proceso electivo.
Ello porque tienen características distintas a las que conocemos, son inéditas en nuestro sistema. Sin duda estamos ante la renovación de cargos con una naturaleza diversa a las de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los juzgadores no son representantes populares, en tanto que senadores, diputados, Presidencia, gubernaturas e integrantes de ayuntamientos y alcaldías, sí lo son.
Tal vez por eso el legislador prohibió para estas campañas el financiamiento público y privado, esto es, las candidaturas sólo pueden usar recursos de su propio patrimonio y no hay asignación de tiempos de radio y televisión para su promoción, ni posibilidad de adquirirlos. No obstante, deben rendir informes de ingresos y gastos, para que el INE pueda llevar a cabo su fiscalización y vigilar el cumplimiento de las normas.
Adicionalmente, las candidaturas pueden participar en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente, en condiciones de equidad.
Sobre esta base, al emitir los lineamientos para la fiscalización, el INE fue incluso más restrictivo y diseñó campañas electorales en las que solamente se pueden repartir trípticos (flyers) y prácticamente se llevarán a cabo en redes sociales, sin posibilidad de contratar pautado. Sí, el gasto permitido se limita a propaganda impresa en papel (reciclado o biodegradable); producción de imágenes, spots y promocionales para difundirse redes sociales; cursos de “media training”, y el destinado a traslados, hospedaje y alimentos. Incluso, ante una consulta específica, se dijo que no pueden gastar en eventos masivos o mítines como los que se realizan en otras elecciones.
Aquí la gran pregunta que surge es: ¿realmente las candidaturas podrán permear en la ciudadanía y darse a conocer en esas condiciones, para que podamos hablar de una elección informada? Mucho me temo que la respuesta es negativa. Según datos del gobierno federal, solamente un 70% de la población mayor de 6 años cuenta con acceso a internet, de los cuales un 90% usan redes sociales. De ese universo, según una encuesta realizada por la Cámara de Diputados, aproximadamente la mitad utilizan las redes sociales para enterarse de las noticias electorales. Si llevamos esos datos a nuestro padrón electoral, que ronda los 100 millones de personas, estamos pensando en que solamente un universo de 31.5 millones se enterarán de lo que pasa en las campañas electorales, por esa vía. De ahí a que se conviertan en votos, creo hay largo tramo, pues se prevé una muy baja cantidad de votantes.
En esa lógica, me parece que existen dos grandes retos. Primero, que la autoridad electoral logre promover la participación ciudadana, porque se vislumbra una elección con un bajo índice de votantes y, a la vez, con una capacidad limitada en recursos humanos y presupuestales, realice un ejercicio estricto de fiscalización de recursos, para impedir ingresos y gastos no permitidos. Segundo, que los comunicadores de los medios tradicionales, impresos y digitales coadyuven de manera responsable para que la ciudadanía pueda conocer las candidaturas y sus propuestas. Confiemos en que será así.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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