México padece el incumplimiento de la ley. Posee disposiciones constitucionales y legales que son papel mojado o letra muerta. O bien tienen una consistencia tan maleable que, por la vía de la interpretación, quedan sin efecto.
Recuerdo, a guisa de ejemplo, la disposición del artículo 134 constitucional sobre que la propaganda oficial “en ningún caso… incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada”. Pero con el lamentable aval de la Suprema Corte, se validó exceptuar del 134 la propaganda sobre los informes anuales de funcionarios.
Y más recientemente, en abierto desapego a la ley, juzgadores irresponsables emitieron suspensiones de distintos procedimientos de la elección judicial, pese a la improcedencia del amparo en materia electoral. La Corte confirmó tal improcedencia, pero en Michoacán persisten polvos de aquellos lodos, por lo cual actos del instituto electoral michoacano, derivados del fallo de un juez, podrían ser revocados por el Tribunal Electoral del PJF, en ejercicio de su exclusiva competencia en asuntos comiciales.
Otro incumplimiento a la ley cobra relevancia y actualidad en esta primavera de 2025. Se trata de todo un capítulo de la Ley General de Población, el VII, sobre Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana.
Esa normatividad se aprobó en 1992 y durante 33 años ha sido incumplida porque la mencionada cédula jamás se expidió, aunque hubo intentos de materializarla en varios sexenios anteriores, e incluso en 2023 una reforma para añadir foto y huella dactilar a la CURP fue aprobada en comisiones, pero hasta ahí llegó. Un obstáculo infranqueable ha sido durante décadas la sospecha fundada de la intención gubernamental de usar la cédula con fines electorales.
Ahora que se ha anunciado la creación de una Plataforma Única de Identidad, con base en la Clave Única de Registro de Población, convendrá garantizar que tal unicidad no interferirá con el Registro de Electores y la credencial para votar, que deben seguir siendo instrumentos administrados por el INE. El comicial es un tema muy sensible para la sociedad, no sólo para los partidos, y los instrumentos de identidad no debieran ser motivo de litigio, más aún cuando plataforma y CURP reformada se inscriben en el marco del doloroso ámbito de la desaparición forzada.
Ahora bien, la evolución de la CURP debiera ser ocasión propicia para añadir instrumentos biométricos de avanzada y no limitarse a fotografía y huella dactilar, como lo ha anunciado la consejera jurídica Ernestina Godoy. Tal evolución debería incluir elementos adicionales como el reconocimiento por iris o retina y, quizá, también el facial y el reconocimiento por voz. Cierto que se requieren más recursos, pero sería sin duda una buena inversión.
Comoquiera, con biométricos avanzados o sin ellos, el Estado deberá instrumentar y aplicar con celo y rigor medidas de seguridad y resguardo que realmente garanticen la confidencialidad de los datos ciudadanos.
PLUS DIGITAL: LA RUTA DE ESTONIA
El paso a futuro en materia de documentos de identidad podría ser un instrumento digital que sea útil y exigible para todo trámite oficial. Estonia, uno de los países bálticos y miembro de la Unión Europea, es pionero y líder en esta materia.
Durante más de 20 años, desde 2002, los ciudadanos y residentes de Estonia posen una tarjeta de identidad electrónica con la cual acceden a servicios públicos y privados. Además, entre otros programas de vanguardia, cuentan con el e-Residency, iniciado en 2014. Por esa vía, los extranjeros pueden obtener una identidad digital estonia, con la cual les es posible, de forma remota, incluso crear y gestionar empresas en Estonia.
Por su parte, los países de la Unión Europea utilizan diversos instrumentos de identidad y desde 2004 disponen del pasaporte biométrico, con datos personales y físicos almacenados en un chip. Simultáneamente, están desarrollando la Identidad Digital Europea, una cartera digital segura.
La tecnología avanzada también está siendo usada en ciertas partes de Latinoamérica, como Uruguay, donde desde 2015 se cuenta con una Cédula de Identidad Digital, la cual incluye datos biométricos.
En México, han sido presentadas en el Congreso de la Unión al menos dos iniciativas que plantean la introducción de datos biométricos avanzados en instrumentos de identidad. Los autores de las iniciativas fueron la senadora priista Vanessa Rubio Márquez, en 2019, y el diputado morenista Javier Hidalgo Ponce, en 2020.
Por supuesto, la introducción de datos biométricos en los documentos de identidad va acompañada de riesgos como el uso de la información con fines ilegales por parte de entes del Estado o de delincuentes. De ahí la necesidad de insistir en medios idóneos de seguridad y resguardo para esos datos sensibles.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
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