Uno de los argumentos para justificar la Reforma Judicial fue que al llevar a elección popular a personas juzgadoras, mejoraría nuestro sistema de justicia en materia penal. Ya que, en palabras de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “el Poder Judicial libera delincuentes”.
Si bien todos estábamos a favor de una Reforma Judicial integral que mejore la impartición de justicia, hay que ser sensatos y entender que en diez semanas en que se llevará a cabo el proceso electoral, llegarán personas buenas, regulares y no con buenos intereses. Además, no se hizo lo que se tenía que hacer para poder mejorar el sistema de justicia federal, en específico el del ámbito penal.
La semana pasada se generó una noticia que retumbó en todo el país. En un municipio del estado de Jalisco, llamado Teuchitlán, en el rancho Izaguirre, el colectivo Guerreros Buscadores localizó e identificó un campo de exterminio. Aunque todavía es muy pronto para poder tener una respuesta sobre lo sucedido, y sobre todo para contar con información que aclare a ciencia cierta qué es lo que sucedió en ese lugar, lo que sí se tiene en este preciso momento es información contradictoria entre autoridades.
El miércoles 18 de marzo de 2025, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ofreció una rueda de prensa en donde acusó directamente a los integrantes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco de haber cometido al menos 15 omisiones en este tema.
De esos supuestos descuidos se puede decir que, en primer término, se encuentra la diligencia de los ministeriales, pues no se realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos. En segundo lugar, no se cumplió con el debido registro de identificación de todo lo hallado en la zona. En tercer lugar, no se procesaron debidamente los vehículos encontrados, y cuarto, no se dio una inmediata intervención de la dependencia federal.
En quinto término, no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. En sexto lugar, no se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que se encontraron. Un séptimo detalle es que, después de seis meses, aún no hay dictamen definitivo. En octava posición, no hay análisis físicos y químicos que vinculen en forma directa a las diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias.
En noveno lugar, no se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con cárteles delictivos que operan en esa región. Décimo, declaraciones semejantes en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación. Onceavo, no se le dio seguimiento a una de las declaraciones de las víctimas. Doceavo, el inmueble quedó abandonado y sin protección.
En treceava posición, no se identificaron de inmediato los antecedentes ni tampoco la posesión del inmueble. En catorceavo lugar, no se tomó la declaración inmediata de las autoridades del municipio de Teuchitlán; y, por último, en quinceavo orden, no se levantaron testimonios de vecinos, ni de personas posiblemente vinculadas a los hechos.
Suponiendo sin conceder que estas omisiones señaladas por la FGR sean ciertas, hay que cuestionar: ¿realmente el gran problema de la impartición de justicia en materia penal estaba en las personas juzgadoras? Y por último preguntar: ¿no será momento de hacer un análisis para ver qué es lo que hace falta para que la procuración de justicia funcione de manera eficiente en este país?
CITA: ¿Realmente el gran problema de la impartición de justicia en materia penal estaba en las personas juzgadoras?
POR RUBÉN GUAJARDO
DIPUTADO DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
MAAZ
