Las estadísticas oficiales y los casos virales ratifican cada día el incremento del abuso sexual a las infancias, con una mayor prevalencia contra las niñas y adolescentes. Todo indica que el 80% de las denuncias de violencia sexual en México ocurre en el entorno familiar, espacios que deberían ser de protección y seguridad, pero la estructura patriarcal de nuestra sociedad perpetúa la idea de que las infancias son propiedad familiar, que con frecuencia, las convierte también en objeto de deseo sexual.
Hay muchos obstáculos para las víctimas infantiles, primero por la dependencia a sus adultos responsables para denunciar los delitos, además del estrés post traumático que las silencia y el adultocentrismo jurídico aún persiste en nuestro sistema judicial, negando en muchos casos la equivalencia humana de la niñez frente a los intereses adultos. Este sesgo se manifiesta en la tendencia de las personas adultas y las autoridades a minimizar las voces de las niñas y los niños, especialmente cuando los agresores son figuras de autoridad o familiares cercanos.
La reciente resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al amparo directo 16/2024, con el proyecto de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, resuelto el 26 de febrero de 2025, que ratificó la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, representa un avance significativo en la protección de las infancias en México. A nivel internacional, “el derecho al tiempo” reconoce que las víctimas de violencia sexual procesan los hechos traumáticos en un tiempo distinto al contemplado en las leyes penales tradicionales. Al reconocer la gravedad de estos delitos y su impacto duradero, permite que las víctimas puedan denunciar en cualquier momento, sin estar sujetas a plazos legales que, históricamente, han favorecido la impunidad.
Esta resolución es también un cuestionamiento a la inactividad o deficiente actuación del Ministerio Público en la persecución de delitos contra la niñez, destacándola como una problemática sistémica que debe ser atendida con urgencia. La falta de capacitación con perspectiva de género y perspectiva de infancias en las autoridades encargadas de investigar los delitos e impartir justicia contribuyen a la revictimización y al silenciamiento de las víctimas.
Es urgente acompañar esta resolución de políticas públicas integrales que promuevan la educación sexual integral y la educación contra el machismo desde la niñez, la formación de las y los funcionarios y la creación de entornos seguros y participativos para las infancias. Solo así podremos liberar a las víctimas de las huellas indelebles que deja la violencia sexual en el cuerpo y su salud mental.
POR JUAN MARTÍN PÉREZ GARCÍA
COORDINADOR DE TEJIENDO REDES INFANCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
@juanmartinmx
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