La propuesta de prohibir el nepotismo en los cargos públicos dentro de la Constitución, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es un paso crucial hacia un gobierno más transparente y ético. No es un simple ajuste legal, sino un mensaje claro de que la política debe servir a la ciudadanía, no a los intereses familiares.
El nepotismo ha sido una práctica arraigada que ha debilitado la confianza en las instituciones. No solo perpetúa la desigualdad y la corrupción, sino que también bloquea el acceso de personas realmente capacitadas a cargos públicos. Al establecer esta prohibición en la Carta Magna, se refuerza la rendición de cuentas y se promueve una administración pública basada en el mérito, no en el apellido.
Pero el problema va más allá de la política. Lo vemos en la educación, en el sector privado y, de manera especialmente preocupante, en el Poder Judicial, donde la designación de familiares en puestos clave ha minado la credibilidad de una institución que debería ser sinónimo de imparcialidad. ¿Cómo podemos confiar en una justicia donde los lazos familiares pesan más que la capacidad y la trayectoria?
Por supuesto, este camino no será fácil. Habrá resistencia de quienes se han beneficiado históricamente de estas prácticas y no querrán perder sus privilegios. Sin embargo, la reciente aprobación en el Senado y la confianza de la presidenta en que los congresos locales respaldarán la iniciativa muestran que hay voluntad para avanzar.
Es cierto que la reforma se enfoca en los puestos de elección popular y algunos críticos argumentan que debería ir más allá. Y tienen razón. La lucha contra el nepotismo no puede quedarse a medias. Se necesitan mecanismos de control más estrictos, auditorías reales y procesos de selección basados en el mérito, no en conexiones familiares. Actualmente, esta práctica no está castigada de manera directa, lo que hace aún más urgente su regulación.
En definitiva, prohibir el nepotismo en la Constitución es un paso importante, pero no suficiente. Si realmente queremos erradicar esta práctica, debemos abordarla de manera integral y garantizar que los cargos públicos sean ocupados por quienes realmente tienen el talento y la preparación para servir al país.
POR SUSANA CUETO
PAL
