El tiempo pondrá las cosas en su lugar y colocará a cada quien en su sitio. El desastre al que vamos con la elección del Poder Judicial, si bien es responsabilidad de la 4T y la terquedad de AMLO de vengarse de quien le colocó incontables obstáculos y trabas ante el cúmulo de ilegalidades que pretendió consumar, no se entendería sin los yerros y falta de tacto y oficio de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.
Su administración no solo provocó un choque irreconciliable. Su gestión dejó desamparados a muchos jueces y magistrados. Por falta de control e interés en proteger la carrera judicial, distintos juzgadores que estaban comisionados y se encontraban en el “limbo” fueron informados, la semana pasada, que por instrucciones del Consejo de la Judicatura, ahora tendrán que ir a elección, con las desventajas que ello implica frente al resto de sus compañeros.
Ese tipo de actitudes generaron molestias al interior del Poder Judicial. La falta de cuidado en el ingreso de perfiles de carrera judicial ha sido la constante bajo el mandato de Piña.
Con instrucciones como la desaparición del Comité de Evaluación que provocó que el Senado tuviera que intervenir en la designación, “entregó” el proceso, lo condujo de manera desaseada y dejó de lado la imparcialidad y limpieza que tanto pregona.
El sello, contrario a lo que se afirma en público, es el desaseo y la incongruencia. Pareciera un detalle mínimo, pero la manipulación y preferencias en las designaciones al interior de los órganos del Consejo de la Judicatura también son parte de la realidad actual, que se acompaña de favoritismo y nepotismo.
En órganos de la mayor relevancia en la disciplina judicial, como lo es la Contraloría, se decidió nombrar a Omar Torres Andrade, esposo de la sobrina de la secretaria general de la Presidencia, María Cristina Martín Escobar, como director General de Substantación, Registro y Seguimiento de la Evolución Patrimonial. La designación es, por decir lo menos, cuestionable, conforme a las reglas de nepotismo que tanto ha pregonado se respetan por el Poder Judicial.
Por si ese pequeño detalle de parentesco fuera poco, dicha área se ha encargado de realizar investigaciones como si se tratara de una Fiscalía, sin cumplir con ninguno de los requisitos que exige la Constitución. Para allegarse de información, intervienen sin orden judicial comunicaciones, piden informes fiscales y financieros y todo para hacer lo que juraron nunca hacer: perseguir a sus enemigos políticos.
Muy cuestionable para cualquier ciudadano saber que funcionarios del Poder Judicial que deben resguardar siempre la imparcialidad y el cumplimiento de la Constitución, ahora se dedican a nombrar parientes como funcionarios de autoridades inquisidoras que realizan intromisiones en la vida de cualquier funcionario judicial.
Parece que, dentro de todo, la Reforma Judicial —y ni se diga la que va contra el nepotismo, impulsada por la presidenta Sheinbaum— tendrá un sentido por lo menos más social para que la ciudadanía observe y denuncie este tipo de arbitrariedades, pero en especial rompa esas inercias de otorgamiento de ventajas entre la familia judicial y persecución a quienes no cuentan con ese “pedigree” jurídico.
Off the record
Y ni hablar de la disputa por el poder entre Natalia Reyes Heroles Scharrer, secretaria general de la presidencia de la SCJN, y María Cristina Martin Escobar, secretaria general de la presidencia del Consejo de la Judicatura. La grilla, desatada.
POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN
@MLOPEZSANMARTIN
EEZ
