El presidente Trump está utilizando la palanca de los aranceles y las deportaciones masivas, para remover cualquier obstáculo que le permita alcanzar los objetivos económicos, políticos y de seguridad, conforme a los intereses de la política norteamericana y el cumplimiento de sus promesas de campaña.
Las medidas han generado una alta incertidumbre en México y en otros países. En nuestro caso, las presiones arancelarias nos llegan en un momento complicado para la economía y las finanzas, debido a las deficiencias estructurales de nuestra economía y a las decisiones del gobierno sobre el gasto público. Los aranceles afectarían hasta en 1.5% del PIB, y las deportaciones masivas impactarían el nivel máximo de 64.7 mil millones de dólares.
Estamos en plena transición económica y en grave riesgo de regresión política. En el periodo de la transformación se ha buscado sustituir el modelo neoliberal, del 2% de crecimiento, por el llamado “modelo mexicano”. Con este modelo, el país registró durante el pasado sexenio, un crecimiento promedio del 0.8% anual, y en el último año tan solo del 1.3%.
La propuesta se ha centrado en visibilizar la pobreza, aumentar las transacciones directas a través de los programas sociales y mejorar los salarios mínimos, sin que esto modifique substancialmente el crecimiento económico. El modelo nacionalista no ha logrado la sustitución de importaciones ni la autosuficiencia alimentaria, y su apuesta por el petróleo y la centralización de la economía no ha dado los resultados esperados.
Ciertamente la inseguridad, la delincuencia organizada, la corrupción, la dependencia comercial y la crisis de migración condicionan fuertemente a nuestro país, pero eso no explica todo, se ha debilitado la vida democrática y la autonomía del Poder Judicial.
En momentos tan delicados, corresponde a las autoridades interpretar y dar cause a los anhelos de paz, justicia y bienestar de la población. El gobierno ha recibido el mandato de defender los intereses nacionales, más allá de los intereses de grupo o de partido; y ordenar el esfuerzo colectivo a la consecución de los grandes objetivos del desarrollo integral y solidario de las familias mexicanas.
En esa ruta, debemos ir más allá de la retórica de la defensa de la soberanía vista como amenaza exterior, es indispensable asegurar la soberanía interior: que se incremente la seguridad pública, garantizar el estado de derecho, apoyar el desarrollo de capacidades y la productividad de los trabajadores, mejorar la calidad de la educación y fomentar la innovación, con inversión inteligente en ciencia y tecnología.
Y es necesario enfrentar a las fuerzas criminales que le disputan la autoridad legítima al Estado y replantear el modelo económico centralizado y proponer una vía al desarrollo que garantice a la población el pleno ejercicio de las libertades económicas y sociales.
Garantizar el estado de derecho, el acceso a la justicia, una educación de calidad y la seguridad pública son las piedras angulares de un proyecto de unidad nacional y reconciliación.
Es momento de intentarlo con determinación, sociedad y gobierno unidos. No será la primera vez que una crisis es, al mismo tiempo, una gran oportunidad para el país.
POR MARCO ADAME CASTILLO
Analista y Consultor Político
MAAZ
