La reforma a la Ley del INFONAVIT impulsada por morena, representa un intento evidente del gobierno para apropiarse de los ahorros de los trabajadores que ascienden a 2.4 billones de pesos, con el fin de financiar sus propios proyectos sin consultar a la ciudadanía. Esta iniciativa atenta directamente contra los derechos de los trabajadores al imponerles la adquisición de viviendas bajo criterios estatales, limitando su libertad de elegir dónde y cómo vivir.
Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la creación de una empresa estatal encargada de construir viviendas sociales, lo que pone en riesgo el dinero ahorrado a lo largo de los años. Sin garantías de calidad ni accesibilidad real, estos recursos podrían ser desviados para financiar proyectos gubernamentales, aumentando la discrecionalidad en su manejo y abriendo la puerta a la corrupción y al desvío de fondos.
Otro punto alarmante es la reestructuración del gobierno interno del INFONAVIT, que otorgaría al Ejecutivo un control absoluto sobre la toma de decisiones. Esto rompe el equilibrio entre trabajadores, patrones y el Estado, dejando la administración de los fondos en manos del oficialismo sin supervisión independiente. Desde el PAN hemos advertido que esta reforma no solo despoja a los trabajadores del control sobre sus ahorros, sino que convierte al INFONAVIT en una herramienta de financiamiento gubernamental.
El oficialismo busca apropiarse de los recursos que los trabajadores han guardado durante décadas en un fondo que representa su patrimonio más valioso. Desde Acción Nacional exigimos que estos ahorros sean administrados en beneficio de sus legítimos dueños y no utilizados como un botín del gobierno.
Es crucial que los ciudadanos estén informados sobre las consecuencias de esta reforma. La realidad es clara: se trata de un intento de apropiación de los ahorros de los trabajadores. Desde el PAN lo denunciamos con firmeza y hemos salido a las calles de las 32 entidades federativas del país alertando sobre el grave riesgo que implica para el patrimonio de millones de mexicanos.
Reiteramos nuestro compromiso de impedir cualquier intento de centralización de los fondos y de garantizar que los trabajadores conserven el derecho de decidir sobre sus ahorros sin imposiciones gubernamentales.
Esta reforma vulnera los derechos laborales y pone en riesgo la transparencia en la administración de los recursos. Es fundamental que la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones defensoras de los derechos de los trabajadores exijan rendición de cuentas y detengan este intento del gobierno de apropiarse de lo que legítimamente pertenece a los trabajadores mexicanos. ¡No podemos permitir este ataque a la autonomía de las personas!
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
Presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
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