En México y en el mundo la desigualdad de género es una barrera histórica que limita el desarrollo pleno de las mujeres. Las raíces de este problema son diversas: factores sociales, económicos, culturales, entre otros, han relegado a las mujeres a posiciones desventajosas. Frente a este panorama, el presupuesto público del Estado mexicano se presenta como una herramienta clave para combatir esa desigualdad. Más que una llana asignación presupuestal, es una vía que, diseñada estratégicamente, representa una oportunidad real para erradicar las brechas aún existentes entre hombres y mujeres.
Desde 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, se advertía que el presupuesto público de las naciones debía orientarse a aumentar las oportunidades económicas de las mujeres y garantizar su acceso igualitario a los recursos productivos. En nuestro país, gracias al esfuerzo de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, legisladoras y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se logró incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2008, mediante el “Gasto etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género” contenido en el Anexo 13.
El Anexo 13 incluye anualmente los recursos destinados por el Estado mexicano a las diversas Secretarías y Órganos Constitucionales Autónomos para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. El etiquetado de esos recursos públicos asegura que se usen los recursos destinados a proyectos encaminados a reducir la brecha de género para ese objeto.
En 2024, el INE había presupuestado $49,564,548 pesos en 6 proyectos del Anexo 13 que deberían realizarse en 2025, pero la Cámara de Diputaciones aprobó $66,632,319 pesos para ese fin, por lo que la totalidad de esos recursos debieron destinarse a proyectos para la igualdad entre mujeres y hombres, ya fuera ampliando los alcances de los proyectos previstos o creando más.
Al aprobar el gasto institucional, el 30 de diciembre pasado, advertí que se estaba destinando un monto inferior al autorizado por la Cámara de Diputaciones, por lo que voté en contra de dichos proyectos, toda vez que no estábamos erogando todos los recursos públicos que expresamente se nos entregaron para fortalecer la igualdad de género a través del Anexo 13 contraviniendo lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en donde se establece que “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres…”.
Es innegable que el INE se encuentra en una situación financiera muy compleja, pero invertir en la igualdad de género no solo es una deuda histórica y una apuesta por el futuro, sino una obligación. Cada peso invertido para este fin transforma la vida de las mujeres, fortalece nuestras instituciones y la democracia misma.
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA DEL INE
@DANIARAVEL
EEZ
