Los últimos días del sexenio han servido para enmarcar el legado autoritario del presidente López Obrador. Las reformas legislativas, los actos de gobierno y los acomodos partidistas en Morena, de la mano de la presidenta electa, contradicen el discurso del retiro sexenal y condicionan de manera excepcional la agenda del próximo gobierno.
Con la reforma judicial y la anunciada desaparición de los órganos autónomos, se confirma la anulación de la división de poderes y la eliminación de los contrapesos al ejercicio del poder. La politización de la justicia y la falta de equilibrios institucionales prefigura la concentración del poder en una sola persona, la discrecionalidad en los actos de gobierno, la indefensión de los ciudadanos ante los abusos de poder y el debilitamiento de la República ante la pérdida de los atributos constitucionales de nuestro régimen político.
Adicionalmente, como declaró el IMCO, ha quedado comprometida la imparcialidad del sistema jurídico que requieren los socios del TMEC, lo que genera desconfianza y la cautela de los inversionistas.
La militarización de la guardia nacional representa la consolidación del ejército como soporte del grupo en el poder. La paradoja es que fue la izquierda la que consumó entrega de la seguridad pública a manos del ejército, contraviniendo la lógica histórica de su lucha y las mejores prácticas internacionales.
Con la reforma se incrementa el riesgo de violación a los derechos humanos y se favorece la impunidad, al supeditar a los miembros de la guardia nacional al fuero militar. Queda claro que no es la seguridad de los ciudadanos lo que importa, como se puede ver en Sinaloa y en vastas regiones del país, sino el control absoluto de la fuerza coercitiva del estado al servicio del gobierno.
Las giras del adiós, con la presencia del presidente saliente y la presidenta electa, así como la imposición de la mayor parte del gabinete al gobierno entrante, hace que se desfigure el límite constitucional del gobierno y que se ponga en entre dicho la lealtad institucional y la terminación del mandato del presidente López Obrador. Los actos de protesta por distintos agravios y los gritos repetidos de “dictador…dictador”, han llevado al presidente a tener que declarar: “no aspiro a ser caudillo, ni jefe máximo”. A pesar de esto, la tensión crece y se anticipa un inicio de gobierno bastante complicado.
El cambio de dirigencia en Morena es, por donde se vea, la instalación formal del nepotismo, situación que implica a los máximos dirigentes del partido oficial. Aún más, la agenda anunciada por la nueva dirigencia y por la presidenta electa, durante la sesión del consejo electivo, confirma la prioridad política del próximo gobierno”: “cuidar el legado del presidente López Obrador”.
Como se puede ver, el cuidado del legado no admite matices, las reformas, el gabinete, los gobiernos y congresos locales y la dirigencia partidista están alineadas. Y si algo falla, ahí esta la revocación de mandato, como espada de Damocles, a la mitad del sexenio.
Con todo esto, a pesar de los riesgos, la continuidad del nuevo régimen parece estar asegurada y la autonomía del próximo gobierno reducida a cero.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
PAL
