Varios diagnósticos sobre este poder, coinciden en la existencia de fenómenos y prácticas poco deseables: Corrupción, nepotismo, poca transparencia, parcialidad, dependencia, nula especialización y subjetividad. La idoneidad de los juzgadores es puesta en duda. Estos factores hacen que la experiencia de la población en cuanto al sistema de impartición de justicia sea negativa. La percepción de una justicia lenta y con obstáculos es alta.
Impropiamente, la discusión pública sobre la reforma al poder judicial, se redujo a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, dejando de lado otros puntos que pretenden desterrar malas prácticas, inclusive, al interior del mal logrado Consejo de la Judicatura Federal (“CJF”); órgano que es, quizás, el máximo responsable del diagnóstico común de carencias y distorsiones en el que se encuentra el sistema judicial federal.
¿Es de verdad estúpida, falaz o absurda la propuesta de elegir a los impartidores de justicia federal por voto popular? Quienes sostienen lo anterior, utilizan los mismos argumentos que arrojan los diagnósticos sobre la precaria situación actual de este poder, es decir, aluden a que se perderá autonomía, y que los impartidores así elegidos, serán parciales, atentándose contra la profesionalidad y en detrimento del principio de antigüedad o permanencia.
Los principios sobre los que descansa la carrera judicial son: la excelencia, la vocación, el sentido social, humanismo, honestidad, responsabilidad; profesionalismo; objetividad; imparcialidad; independencia; antigüedad; y paridad de género.
Según los diagnósticos, ¿están estos principios hoy presentes? ¿A la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) han llegado los mejores? ¿Un funcionario judicial debe ser inamovible? ¿Todos los impartidores de justicia federal son de carrera y no hay designaciones a modo? Una constante en quienes se oponen de manera tajante a la posibilidad de la elección popular planteada, radica en el argumento de que “la gente no sabe, no conoce y no tiene idea de lo que se le planteará, por lo que, en consecuencia, es manipulable”. Por cierto, esto mismo se argumentaba por los opositores a conceder el derecho de voto a las mujeres.
En mi opinión, si bien una elección popular no garantiza de entrada la idoneidad, honestidad y profesionalidad del elegido, sí habría una base de legitimidad que redundaría en la imparcialidad y apuntalaría la autonomía del impartidor electo, así como su continuidad, si resultare deshonesto, poco profesional o no idóneo.
Finalmente, en materia de derechos, cuando se conceden, éstos son ejercidos de manera libre, y es el ciudadano quien decide hacer uso de los mismos, en consecuencia, no termino por entender ¿por qué la ciudadanía tendría que estar en contra de que se le dote de un nuevo derecho, a fin de que pueda incidir en un poder del estado que, al día de hoy, le es absolutamente ajeno?
La posición del CFJ y la SCJN ante la reforma es lamentable, pues la postura de que se condena al Estado de Derecho, es mentirosa y, en realidad, viola sus propios principios: Nadie puede ser juez de su propia causa, porque nada ni nadie está por encima de sí mismo.
POR DIEGO LATORRE LÓPEZ
@DIEGOLGPN
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