En el país hace falta una revolución que estremezca, una revolución profunda y acelerada del sistema judicial. Esto dijo hace algunos años y desde el Palacio de Miraflores el dictador venezolano Nicolás Maduro. Todo esto en respuesta a las denuncias ante la Corte Penal Internacional y los Informes de la Alta Comisionada para Naciones Unidas, entonces Michelle Bachelet, sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían (y se cometen) en Venezuela. Para el llamado chavismo era muy importante lograr un Poder Judicial dependiente del régimen y que jueces, magistrados y ministros no tomaran decisiones sin consultar al Poder Ejecutivo.
La parcialidad de los impartidores de justicia siempre ha sido un tema prioritario para la consolidación de las tiranías. Es un asunto que tiene mucho que ver con la vida diaria de los ciudadanos: falta de rendición de cuentas de funcionarios públicos, corrupción e impunidad a todo lo que da, violaciones graves a los derechos humanos e indefensión garantizada para las víctimas.
Con juzgadores “a modo” esto y más se vuelve posible. Durante el gobierno de Hugo Chávez se llevó a cabo una primera reforma al Poder Judicial que hizo sus primeros estragos. De las primeras medidas que se tomaron destaca que el número de jueces y ministros le garantizaran al oficialismo votos favorables a sus objetivos.
Con presiones directas, apoyos o chantajes se avanzó en una ¿justicia? que ayudaría a la perpetuación de una dictadura que llegó al poder democráticamente. Maduro con los años solo siguió por el camino marcado por su patrón, cooptar instituciones.
En otro país, Nicaragua, la situación es igualmente preocupante ya que con la complicidad del Poder Judicial se encarcela a los lideres opositores, se les tortura o se silencia a los que se atrevan a discrepar de lo que ordena el autócrata Daniel Ortega.
La administración de justicia ideologizada o politizada se convierte, entonces, en una herramienta más para la represión y la desaparición de lo que conocemos como Estado de Derecho.
Para mayor infortunio, las autoridades nicaragüenses y venezolanas, así como las cubanas, decidieron no atender al derecho internacional que protege los derechos humanos, ni ajustarse a los estándares internacionales que promueven la independencia judicial y la alejan de su politización.
El Poder Judicial en una democracia debe ser independiente de cualquier otro poder e imparcial ya que su función principal es apegarse a la ley y hacerla cumplir. Esa es su tarea.
La mayoría de las dictaduras en este siglo no se dan después de un golpe de Estado o de revoluciones; insidiosamente se van apropiando de las instituciones después de elecciones aparentemente democráticas y que “respetan” el voto de las mayorías.
Estamos a tiempo de detener la desintegración democrática de nuestro país. Exigir la independencia del Poder Judicial en México debe ser un reclamo ciudadano urgente y necesario. El poder sin justicia, como dijo Blaise Pascal, es tiranía. De acuerdo.
POR TERE VALE
COLABORADORA
@TEREVALEMX
MAAZ
