Ni austero ni necesario. Lo que es más, será contraproducente. Se puede hablar incluso de un consenso: la reforma al Poder Judicial de López Obrador tendrá altos costos para el país en cualquier ámbito de la vida pública.
Otro consenso (ni siquiera los más fieles seguidores del presidente lo niegan en privado): el mandatario se ha ensañado con la rama judicial del Estado y a ello obedece su iniciativa. La venganza de un resentido a quien sus propios congregantes le temen.
Pero ese llamado al “resarcimiento” de López Obrador ha caído en tierra fértil. La necesidad de la 4t de repartir más cargos públicos (no le alcanzan los de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como cientos de miles a nivel local) hará que lo que podría parecer un evento único de descabezar al Poder Judicial continúe hasta lograr que la justicia deje de habitar en todo rincón de la República.
Se vislumbra que, adicional y posteriormente, las generaciones de morenistas en el Poder Judicial decidirán retorcer aún más la reforma y convertirse en inamovibles; que incorporen familiares y hereden los cargos. ¿Suena descabellado? No lo es tanto; así sucedió con el PRI, las y los normalistas y el Magisterio Nacional.
Queda claro —y cada día de manera más definida— que no se ha diseñado la legislación secundaria que acompañaría a la reforma mencionada. Y esto es reflejo precisamente de que esta no tiene sustento, tan solo la inquina voluntad de la Cuarta Transformación y de Morena como su brazo ejecutor.
López Obrador actuó como esos reyes españoles que tanto ha criticado( el Poder Legislativo se rindió a sus caprichos convirtiéndose en una caja de resonancia y lo mismo busca ocurra tras la reforma judicial.
Tampoco se han pensado o calculado los costos requeridos (ni siquiera en términos generales) para poner en marcha la reforma. Ricardo Monreal mencionó en su momento la friolera cantidad de 3,500 millones de pesos, únicamente para poder realizar las elecciones de los jueces.
Mas, cauta y temerosa, la mismísima consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei —quien no acostumbra cuestionar nada que provenga de la 4t—, ha aventurado decir en público lo que es una obviedad: las cifras que calcula Regeneración Nacional no se basan en evidencia.
Para abordarlo de forma correcta (y Taddei comienza a hacerlo) es menester responder primero a diversas preguntas sobre cómo sería con exactitud la elección de los jueces. Inquietudes que esbozarían el reto de lo que significaría el poder elegirlos de manera democrática. Objetivo que, por cierto, no se satisface con el sorteo de juristas, magistrados y constitucionalistas vía tómbola.
Oyendo las reflexiones que plantea el cuerpo directivo del INE, pero también por parte de diversos especialistas nacionales e internacionales, se puede pensar que los presupuestos requeridos son mayores y que de no cumplirse estos, los procesos en que derivaría la reforma judicial estarían sujetos a injerencia o manipulación y, por lo mismo, a una mayor indefensión ciudadana de la que de por sí existe.
¿Cuánto tiempo de campaña tendrán los posibles candidatos?, ¿quiénes pretenden competir y cuáles son las atribuciones mínimas que deberán tener?, ¿quién hará la selección de los posibles candidatos?, ¿cuáles serán los requisitos y lineamientos?
Lo que es más, la reforma judicial debería ir precedida por una reforma a las fiscalías, a la general de la República y a las estatales, para volverlas más eficientes, funcionales, independientes y profesionales.
El costo calculado en más de 3,500 millones de pesos será barato comparado con la pérdida de todo elemento de autonomía de las estructuras que componen el Poder Judicial (jueces, proyectistas, secretarios, etc.). Perder la carrera judicial e implementar un control perverso resultará muy caro para todos los que vivimos en el país, incluyendo a los que hoy promueven las modificaciones a la ley.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
PAL
