En diversas ocasiones he sostenido que López Obrador hará todo por asirse al poder. Y el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no cuente con dos de sus magistrados, mismos que hace ya tiempo debían haber sido nombrados por el Senado, le conviene en ese sentido.
Un grupo de ciudadanos (pueblo bueno y sabio, de acuerdo a la 4t) solicitó y obtuvo un amparo ante la falta de la integración del citado Tribunal y el juez Rodrigo De la Peza resolvió que esto se ejecutara de inmediato; impartiendo justicia pronta, expedita y gratuita, él cumplió con su obligación de dar respuesta a una petición ciudadana. ¿El juez se excedió? ¿Invadió facultades? Existe, para determinarlo, así como para sopesar su sentencia, el Tribunal Colegiado. Por vía de esta instancia, en un periodo muy corto de tiempo, puede revertirse la sentencia del jurista. ¿Investigar y, en su caso, sancionar al prelado? El Consejo de la Judicatura Federal es la entidad responsable; hacerlo por la vía de los medios de comunicación es volver político algo que debería ser netamente jurídico.
Si existen las vías institucionales para impugnar una sentencia y para sancionar a un juez, ¿por qué el enojo y por qué la actuación de Palacio por vía de la secretaria de Gobernación y de su corcholata, en breve presidenta de la República?
Pero vamos un paso más atrás, ¿por qué el mismo TEPJF nunca se tomó la molestia de impulsar ante el Legislativo la designación de los magistrados faltantes? ¿Por qué la Cámara alta tampoco se dio prisa en hacerlo? ¿Por qué rasgarse las vestiduras y denunciar por la vía penal al juez que buscó satisfacer la acción administrativa de la cual el Senado ha sido omiso (el verdadero desacato yace tanto allí como en el propio TEPJF), y ante eso la secretaria Alcalde no pide castigo? Simple: porque el Tribunal Electoral está alineado con ‘ya sabemos quién’. Y el objetivo, como todo lo que hace el régimen obradorista es claro: tener una mayoría favorable en el Tribunal. El mismo TEPJF que califica los comicios y que determina la validez de la asignación de curules en el Congreso por la vía plurinominal.
Ello se hace evidente cuando se pregunta uno lo siguiente: si el TEPJF protesta —aunque no de forma unánime, hay que aclarar— ante lo que considera la injerencia de un juez de lo administrativo en material electoral, ¿por qué no lo hace cuando se trata de Gobernación, dependencia del Ejecutivo federal, inmiscuyéndose en asuntos del ámbito judicial?
Luisa María Alcalde dijo que el actuar del Juez De la Peza es evidentemente una conducta facciosa, pues “de los jueces se espera argumentación jurídica y no consignas políticas convertidas en sentencias”. Parafraseándola: de los secretarios de Estado se espera argumentación legal y métodos de conciliación y mediación entre los poderes, no consignas políticas convertidas en cacerías. Porque el que Luisa María Alcalde solicite juicio político ante la Cámara de Diputados contra un juez muestra —eso sí— un interés político, así como desconocimiento de los procesos jurídicos de nuestro país.
Repitámoslo, entonces, con la esperanza de que se nos quede grabado: las resoluciones de un juez de amparo se impugnan ante los tribunales colegiados; NO se persiguen en el ámbito de la opinión pública ni se demanda juicio político. Quizá por ello esa solicitud no exista… o, por lo pronto, al momento que esto escribo, el juez de la Peza no tiene notificación oficial alguna.
El primer beneficiado de este ruido innecesario, de esta cacería de jueces y de que el TEPJF siga incompleto es López Obrador. ¿No creen ustedes que a lo ilegal de las maniobras de Andrés Manuel y su equipo de trabajo hay que sumar lo burdo de éstas?
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
PAL
