El espectro radioeléctrico es ese recurso natural por donde nuestras comunicaciones móviles transitan. Después de serles concesionado, los operadores de telecomunicaciones pagan al Estado mexicano derechos anuales por su uso y aprovechamiento.
Estos derechos se definen año con año en la Ley Federal de Derechos y la discusión para su fijación en 2025 comenzará este septiembre con la legislatura actual y finalizará, en diciembre, con la nueva.
Se perfila una oportunidad para que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como para ambas legislaturas no sólo consideren las señales de mercado que ha dado el sector de telecomunicaciones (mismas que se resumen en el retorno de bloques de espectro y licitaciones desiertas) sino para que se reconozca que la recaudación por este concepto se encuentra en franca caída desde 2019.
Si bien la recaudación por cobro de derechos para uso del espectro incrementó 2.3 veces entre 2013 y 2019, entre 2019 y 2023 se contrajo año con año hasta acumular una pérdida de 20.2% en términos reales, pasando de $23.5 a $18.3 mil millones de pesos.
En otras palabras, el enfoque recaudatorio del gobierno ya da signos de desgaste en detrimento de sus propias arcas.
Si se considera que 2019 fue un año de recaudación óptima, la pérdida acumulada para la hacienda pública entre 2020 y 2023 equivale a $13 mil millones de pesos, es decir, una cuarta parte del costo del programa de pensiones para mujeres entre los 60 y 64 años que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, prometió.¹
Si el enfoque recaudatorio no sólo ha impactado la estructura de costos de las empresas de telefonía, sino que también está mermando la capacidad del gobierno para hacerse de recursos públicos, entonces ¿para qué sostener un modelo de cobro de derechos como el que prevalece, por qué no orientarlo hacia la consecución de la conectividad universal?
La reducción en los ingresos públicos no es un simple problema contable, es un síntoma de una disfunción en la política recaudatoria que afecta transversalmente a gobierno, empresas y ciudadanos que requieren los servicios de internet y telefonía móviles.
En un momento donde las finanzas públicas deben ser más responsables que nunca, donde la política social requiere de recursos y donde nuestra economía necesita estímulos para evitar su desaceleración, se hace un llamado tanto a la administración de la Doctora Claudia Sheinbaum como a los miembros de nuestro Poder Legislativo para discutir, con apertura, la estructura de derechos que el Gobierno de México cobra por el aprovechamiento del espectro radioeléctrico.
Actualmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) terminó la consulta pública que reunió diversas opiniones sobre el borrador de licitación IFT-12 donde se busca asignar bloques de espectro para servicios móviles en distintas bandas.
Si bien considera mecanismos para abatir el alto costo del espectro como la creación de Áreas de Servicio Parcial (APS), estos no son óptimos ya que, a decir de los operadores móviles, podrían crear problemáticas de interferencia.
Sólo una reducción desde la Ley Federal de Derechos permitiría una licitación exitosa para consolidar servicios 5G en el país.
¹ De acuerdo con el IMCO, el costo de las pensiones para mujeres entre 60 y 64 años será de 53.5 mil millones de pesos corrientes.
POR GONZALO ROJÓN
COLABORADOR
@GROJONG
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