Casi 36 millones de votos obligaron a las máximas autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a exponerse ante la soberanía y atender el llamado del pueblo para realizar cambios de fondo.
Es así como dio inicio el Diálogo Nacional para la Reforma Constitucional del Poder Judicial organizado por el Poder Legislativo, dejando opiniones que reflejan el distanciamiento de las instituciones de este poder con el contexto social del país.
Primero, el ministro Javier Laynez Potisek, en un arranque de sinceridad dice: “Claro que hay problemas y deficiencias muy importantes (…) y menciono uno, reconozco la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad…
“Pero por favor, no tomen esto como un acto de soberbia, de arrogancia, es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta en la soledad de su despacho y que sólo habla por sus sentencias”.
Posteriormente, el ministro Luis María Aguilar Morales, buscando fortalecer su argumento a favor de la carrera judicial expresa:
“Nosotros hemos dicho en otros foros, del que pertenecemos a la Carrera Judicial a veces sacrificamos el tiempo de nuestra familia, estamos muy empeñados en cumplir con nuestro deber a cualquier hora que se necesite y yo creo que esto es algo que debemos reconocer, no debemos destruir lo que se ha avanzado durante años”.
La sinceridad y naturalidad de ambas exposiciones nos muestran resignación ante la inminente aprobación del proyecto de reforma y sus opiniones evidencian la necesaria aprobación de la propuesta presidencial.
Ambas menciones, además de ser tristes argumentos, resultan ofensivos para la ciudadanía que exige cambios ante la falta de resultados por parte del Sistema Judicial.
Como muestra Arturo Ángel en Milenio, “Más de 70 mil ilícitos se cometen cada 24 horas y la probabilidad de que alguno llegue a un juez es menor a uno por ciento”.
La primera de las citadas opiniones revela la urgencia de terminar con el modelo educativo y los criterios neoliberales, elitistas y reduccionistas de las escuelas de derecho; como el propio ponente lo esgrime, en 30 años el modelo de ascenso y recompensas en la carrera judicial se ha centrado en el interés individual y meritocrático, alejado del interés público.
La segunda, además de ser paupérrima, nos muestra el distanciamiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las condiciones de trabajo de millones de ciudadanos que, al igual que ellos, sacrificamos la convivencia con nuestras familias y amigos por desarrollar una carrera laboral, con la enorme diferencia en los montos de remuneraciones y prestaciones obtenidos por los integrantes del circuito judicial.
En suma, ambos argumentos lejos de humanizar o sensibilizar acerca de las condiciones de quienes imparten justicia, revelan el poco entendimiento de los togados por el contexto social y político nacional y refuerzan la indignación ante un modelo judicial ciego y sordo de las necesidades y condiciones populares.
POR JUAN LUIS FLORES RAMÍREZ
COLABORADOR
@JKUTIDAFUCK
PAL
