Más allá de los resultados que confirman el triunfo de la candidata de la Coalición “Sigamos haciendo historia”, la jornada electoral del 2 de junio deja un fuerte aprendizaje: nunca como ahora comprar votos y salir bien librado fue tan fácil.
Poco o nada pudo hacer la oposición contra los ríos de dinero digital que fluyeron hacia los potenciales electores vía programas sociales y la ayuda de los denominados “servidores de la nación” (antes “siervos de la nación” y promotores del voto del presidente López Obrador), que a final de cuentas fueron determinantes de una votación tan atípica que hasta hoy nadie se atreve a mencionarla de esta manera.
Hoy desviar o entregar dinero vía programas sociales para comprar voluntades y de paso votos ya no es delito por más que esté tipificado en la Ley y se castigue con prisión preventiva oficiosa ya que este se limita principalmente a la entrega física de dinero en efectivo previo a la emisión del voto, incluyendo el que se distribuye a través de las denominadas “mapacheras”, que dicho sea de paso poco a poco se van quedando como parte del anecdotario.
De hecho las personas que anduvieron entregando dinero de esta forma ya solo fueron unas cuantas, lo más sustancioso llegó a través de las tarjetas vinculadas electrónicamente a los programas sociales.
No es gratuito que el padrón de beneficiarios de dichos programas, entre ellos las becas a estudiantes, personas con discapacidad y apoyo a adultos mayores, sea de 30 millones y el partido en el gobierno haya obtenido 33 millones de votos en números cerrados, contra eso nadie puede competir y salir avante ya que se trata de una verdadera elección de Estado.
Lo anterior confirma el dicho que textualmente cita "pon al lobo a legislar y mañana matar ovejas no será delito".
Traducido al lenguaje electoral mexicano diría más o menos así: “legisla que los recursos de los programas sociales se puedan entregar de manera adelantada y a través de medios digitales y mañana comprar votos no será delito”
De no ser así, hoy las cárceles estarían llenas de militantes y dirigentes de partidos políticos a quienes se hubiera encomendado entregar dinero en efectivo y no solo alguno que otro despistado que continúa haciéndolo pero más como parte del folklor electoral que como mecanismo de Estado para ganar elecciones.q
Tan atípica resultó la votación del 2 de junio, incluida la reaparición de las casillas “zapato”, que el INE han decidido hacer un recuento de votos en el 60% de la elección presidencial.
Si me permiten el símil con el fútbol profesional mexicano, sería como pedirle al VAR electoral que revise si la jugada ameritaba un penalty o no; pero que tal si dice que sí, quién tendría que asumir los costos politicos, el propio INE por parecer parcial en determinados momentos, el gobierno federal por haber hecho campaña a favor de su candidata, el partido político ganador de la elección o el candidato en lo personal. Si resultara que sí hubo falta, aceptaría el “gobierno de México “ repetir el penalty?
Pero volviendo al tema de los dineros a cambio de votos, por más que el desvío o entrega de recursos con fines electorales se castigue con prisión preventiva oficiosa, eso es jurídicamente insignificante ya que la lista de detenidos y puestos a disposición por estos es prácticamente cero.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
PAL
