El 4 de diciembre, un Juez de Juicio Oral del Reclusorio Oriente absolvió a Diego “N” acusado de crear y manipular contenido sexual mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) en perjuicio de la intimidad sexual de sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Inicialmente, el Ministerio Público lo había liberado argumentando la falta de pruebas para inculparlo; sin embargo, un grupo de alumnas de esta casa de estudios recurrió al apoyo de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, y con el respaldo de la activista Olimpia Coral, lograron finalmente la detención del agresor.
Olimpia fue víctima de violencia digital a sus 18 años, cuando su expareja difundió, sin su consentimiento, un video de contenido íntimo. De su lucha por buscar justicia surgió la ley que hoy lleva su nombre: la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital con perspectiva de género y desde la realidad de las víctimas; con esa ley se juzgó a Diego “N”, aunque no se llegó a una sentencia condenatoria.
En los tiempos que corren, con el avasallador avance de la tecnología y las telecomunicaciones, cada vez será más frecuente el uso de la IA y de las redes sociales en la vida cotidiana, pero desgraciadamente también se abre una nueva posibilidad para violentar a las mujeres, y este avance ya lo hemos advertido desde el Instituto Nacional Electoral en el ámbito político-electoral.
Por ejemplo, desde 2020 a noviembre de este año, hemos recibido 524 quejas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, de las cuales, 193 quejas (37%) son por ataques en redes sociales o medios digitales. Es importante tomar conciencia de que la violencia digital inhibe significativamente la participación de las mujeres en diversos ámbitos de la vida, incluida la política.
Según el informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA por sus siglas en inglés) titulado: “Violencia política de género en la esfera digital en América Latina”, el 80% de las mujeres entrevistadas en 15 países de la región señaló haber reducido su participación en redes sociales, mientras que el 40% se autocensuró por temor a represalias, esto evidencia que la violencia digital afecta su libertad de expresión y su capacidad para participar plenamente en la vida pública.
Lo digital no es un mundo aparte, es una extensión de la realidad, con impactos tangibles y duraderos en la vida de las mujeres; ignorar esta verdad perpetúa la violencia y limita su derecho a vivir plenamente. Sólo cuando se reconozcan y asuman las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres, podremos avanzar hacia una sociedad donde ninguna mujer vea sus sueños y derechos truncados por cualquier tipo de violencia. Por lo pronto, seguimos esperando una sentencia trascendental en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres, particularmente en el ámbito digital.
POR DANIA RAVEL
CONSEJERA DEL INE
@DANIARAVEL
PAL
