Lo que acaba de suceder ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser visto como un simple desacierto técnico. Lo que intentó la ministra Norma Piña fue una jugada ilegal, un intento descarado de invalidar la Reforma Constitucional Judicial con seis votos, cuando la Constitución es muy clara: se necesitan ocho votos para invalidar una norma cuando hay 11 ministros en la Corte.
Aunque la jugada fue finalmente desechada y la reforma sigue vigente, debemos ser claros: la Corte perdió a un costo altísimo, tanto en términos legales como en cuanto a su credibilidad y legitimidad.
La Reforma de los seis votos para invalidar leyes fue pensada para una Corte con nueve ministros, no 11 como la que debatió ayer. Este cambio en la composición del tribunal altera profundamente las dinámicas de votación; sin embargo, algunos intentaron hacer como si nada hubiera cambiado. Lo que sucedió fue un intento absurdo de utilizar la propia Reforma Constitucional en materia Judicial para invalidar la propia Reforma Constitucional en materia Judicial, lo que no solo es un sinsentido legal, sino que demuestra una clara intención de actuar de mala fe.
Intentar modificar esa regla para satisfacer intereses momentáneos y personales de algunos ministros no solo es ilegal, sino que pone en peligro el principio básico de que la ley debe ser respetada ¡Sobre todo por la Suprema Corte! De ahí la exigencia que se tuvo durante semanas y a la cual la Corte hizo oídos sordos: no se puede ser juez y parte cuando se revisa una reforma judicial. Esta jugada fallida de algunos ministros revela lo más grave: su disposición a sacrificar la coherencia jurídica en beneficio de intereses particulares.
Si esta maniobra hubiera prosperado, estaríamos frente a un precedente peligrosísimo, en el que las reglas del derecho y la voluntad popular, se modifican según las conveniencias de los poderosos -como tantas veces ha sucedido-.
“No existe el Constituyente Permanente” se atrevió a decir la ministra Norma Piña rechazando el papel fundamental del pueblo de México en torno a hacer valer su voluntad dentro de la Constitución y a través de sus representantes electos por voto popular en ambas Cámaras.
La Corte que ya se va, al intentar invalidar una reforma clave para transformar el sistema judicial, ha dejado claro que, en este caso, está dispuesta a proteger sus propios intereses a costa de lo que la ley realmente establece.
La nueva reforma que no pudo ser invalidada busca cambiar el sistema de elección de jueces y magistrados, un proceso que afectaría directamente a quienes hoy se benefician del sistema de impunidad, corrupción y nepotismo que prevalece dentro del Poder Judicial. La discusión hoy no es un debate sobre cómo convive lo impugnado con lo no impugnado, sino sobre la capacidad que debería de tener la Corte para mantener su independencia y no ceder ante intereses políticos de corto plazo de algunos de sus miembros.
Aunque la reforma sigue vigente, lo ocurrido deja un claro recordatorio de por qué es indispensable que avance un cambio de raíz en la elección de jueces, magistrados y ministros donde sea el pueblo quien los elija y esté monitoreando que no haya excesos en su actuar, en sus ganancias y en su forma de operar.
La independencia judicial no es negociable: La Corte no puede seguir jugando con trucos pseudolegales ni con interpretaciones convenientes por intereses de sus miembros. Debe ser la primera en defender el orden constitucional, y no puede estar al servicio de intereses económicos.
Por encima de la ley nadie, ni siquiera en la Corte.
POR CAMILA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
@SOYCAMMARTINEZ
Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena
MAAZ
