En días previos se ventiló la supuesta solicitud del INE al Poder Legislativo de una prórroga de 90 días para la realización de la elección de jueces, magistrados y ministros que la reciente reforma judicial mandata para junio de 2025, la cual, dicho sea de paso, de concederse, requeriría de una nueva reforma constitucional.
Si bien esa solicitud no está confirmada, sino que, por el contrario, el INE ya aprobó diversos acuerdos encaminados a la organización de dicho proceso electoral, entre ellos el plan y calendario de actividades, lo cierto es que motivó comentarios y reacciones que revelan nuevamente que la actividad de la actual Legislatura es, por decir lo menos, atropellada y deficiente.
Un proceso legislativo debiera iniciar con un estudio pormenorizado de mejora e impacto regulatorio, máxime cuando se trata de una reforma constitucional que rediseña a uno de los Poderes de la Unión.
En el caso, requería no solo el análisis de las virtudes y deficiencias del modelo vigente, así como de las necesidades por atender, sino, además, por lo menos recabar información sobre todos sus aspectos, dialogar con las autoridades expertas en las materias involucradas, analizar costos jurídicos y financieros, y ponderar las diversas opciones viables.
Hay que decirlo con claridad: si la reforma judicial no se hubiera diseñado con la víscera y procesado con prisa para brindar ofrenda al presidente saliente, la historia sería otra.
La implementación de esta reforma, por sus características, debió prever el tiempo necesario para que se procesaran sus impugnaciones, la adecuación de las normas secundarias y, por supuesto, para la realización de la elección. Solo teniendo claridad del marco jurídico aplicable y de sus implicaciones operativas y técnicas, es que puede iniciarse un proceso electoral como éste.
Pero en tiempos actuales se ignora que la ciudadanía merece certeza y respeto al Estado de derecho. Si se han dictado suspensiones que impiden que el proceso electoral continúe su curso es porque su celebración tornará irreparables las violaciones alegadas que, desde mi óptica, son claramente existentes. Por más que el INE haya logrado que el Tribunal Electoral declarara que el proceso electoral debe continuar, hay determinaciones judiciales que se están ignorando.
Además, hay razones técnicas que exigen que el INE tenga tiempo suficiente para el diseño y desarrollo de la elección. Algunos ejemplos solamente: la geografía electoral no es coincidente con la judicial y tiene que hacerse compatible; la capacitación suele comenzar en enero, en tanto que la preparación y producción de materiales y documentación electoral comienza incluso antes.
Pues bien, las legislaturas de los estados tienen hasta marzo para aprobar la normativa que regirá sus respectivos poderes judiciales y definir cuáles cargos se renovarán en 2025, lo que torna complicado cumplir cabalmente con los plazos mencionados. Evidentemente los tiempos no dan y aunque el INE realizará la elección, su calidad está comprometida, lo que se traduce nuevamente en amenaza a los derechos humanos. De la participación ciudadana que se espera, ya ni hablamos.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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