Si algo no le faltaba al Instituto Nacional Electoral ante el inminente reto monumental que le representa la organización de la elección extraordinaria de personas juzgadoras, era la fractura que se profundizó en el seno de su Consejo General.
Seis consejeros promovieron una controversia constitucional para dar marcha atrás a las facultades extraordinarias que le otorgaron las leyes secundarias de la reforma judicial, que le permiten a Guadalupe Taddei ignorar a sus pares y nombrar a titulares de áreas que están con encargados temporales desde hace meses.
Las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey y los consejeros Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo, fueron confrontados abiertamente por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, aduciendo una invasión de las competencias de la presidencia del INE.
No es la primera vez que este tema los pone en posición de combate: en diciembre del año pasado, los mismos consejeros que promueven la controversia acordaron establecer un plazo de 30 días a la consejera presidenta para obligarla a presentar ante el Consejo General el nombramiento de funcionarios titulares en las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas de la Junta General Ejecutiva. La medida fue revertida por el Tribunal Electoral, pero ahora, con las reglas que llegaron para la elección de las personas juzgadoras de la reforma judicial, se dio la modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual en sus artículos 45 y 48 regresa la figura todopoderosa y unilateral de la presidencia del INE.
Por ejemplo, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona, me dijo que esta “micro-reforma” electoral fue metida de contrabando dentro de las modificaciones aprobadas en las leyes secundarias de la reforma judicial. Aunque respaldó a Taddei, reconoce que no es la mejor decisión para el Consejo.
Dania Ravel, del bloque contrario, me dijo que buscan respetar el diseño institucional, porque el Consejo General todavía es el máximo órgano de dirección del INE, como lo marca la Constitución y las atribuciones de Taddei rompen con toda lógica de pluralidad en las decisiones y acuden ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque es -todavía- la única autoridad competente para pronunciarse sobre el caso.
¿Fue un regalazo de Morena a la consejera presidenta? Es difícil en estos tiempos políticos no pensar en compensaciones gracias a decisiones que se tomaron para favorecer a alguien, pero en el caso del INE, ocho consejeros aprobaron el proyecto que le dio a Morena y sus aliados del PT y Partido Verde la ansiada mayoría calificada que les permite hoy por hoy hacer todas las modificaciones que quieran a las leyes en México.
De fondo está también el manejo del presupuesto extraordinario de 13 mil 205 millones de pesos que el Instituto pidió para la elección judicial de 2025 y sus implicaciones. Aunque desde mi punto de vista, se encuentra en juego el renombre ante el desafío de una elección que no tiene par en el mundo.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ
