El presupuesto público propuesto para 2025 de México revela recortes importantes en el sector de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), contrastando con incrementos selectivos en áreas de infraestructura y servicios. Esta decisión plantea dudas sobre las prioridades nacionales en un contexto de transformación digital y competencia global en la economía digital.
El Paquete Económico presentado por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, muestra un déficit de 1.17 billones de pesos, con ingresos proyectados de 8.05 billones de pesos y gastos de 9.2 billones de pesos. Dentro de esta propuesta, observamos aumentos significativos para algunos organismos, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyo presupuesto global crece un 58.8%. Sin embargo, al analizar este incremento, se percibe una paradoja: mientras se destina más dinero a la infraestructura general, unidades clave dentro de la SICT, como la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, sufre un recorte drástico del 43.5%.
Este enfoque aparentemente contradictorio se observa también en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), organismos que, aunque reciben presupuestos similares al año anterior (-3%), están a la espera de ser extinguidos. En este contexto, persiste la interrogante sobre la capacidad de México para supervisar y regular de forma efectiva un sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones en ausencia de entidades reguladoras robustas y con independencia garantizada.
Por otra parte, la reducción de casi el 100% en los fondos destinados a programas de infraestructura en telecomunicaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE-TEIT) es alarmante. Esto podría reflejar una despriorización del desarrollo de infraestructura en conectividad, lo cual sería un retroceso en la intención de cerrar la brecha digital, o responder a un futuro acomodo para darle vida a la Agencia de Transformación Digital.
El recorte del 11.7% en la Dirección General @prende.mx, un programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinado a fomentar habilidades digitales en estudiantes, es otro golpe significativo. Con el ritmo acelerado de la digitalización, estos recortes podrían comprometer el desarrollo de habilidades tecnológicas en futuras generaciones, perpetuando desigualdades y afectando la competitividad del país en el largo plazo.
En contraste, observamos un aumento de solo 3.8% en los derechos que el Estado cobra por el uso del espectro radioeléctrico. Es positivo que se hayan incrementado ligeramente estas tarifas pues se ha resaltado la importancia de este recurso en los costos de los operadores. La rentabilidad de este recurso no debería ser solo un objetivo fiscal, sino una oportunidad para reinvertir en desarrollo e inclusión digital, objetivos que lamentablemente no parecen estar priorizados en este presupuesto.
La aparente falta de coherencia en las decisiones de asignación presupuestal en TIC plantea interrogantes sobre la estrategia digital del país. En un mundo donde la competitividad está directamente ligada a la infraestructura y al acceso a tecnologías, el presupuesto público para 2025 parece apostar por el corto plazo, ignorando los desafíos estructurales de inclusión y capacitación digital. Este enfoque puede tener repercusiones en la capacidad del país para competir en la economía global y satisfacer las demandas tecnológicas de su población.
La importancia de una estrategia nacional que priorice el acceso y desarrollo tecnológico se hace evidente frente a los retos actuales. Sin un compromiso claro hacia la inversión en TIC, México corre el riesgo de rezagarse en un entorno global donde la tecnología es la piedra angular del desarrollo.
POR GONZALO ROJON
PAL