Hermila Galindo, Esther Chapa, María Ríos Cárdenas, Margarita Robles y Elvia Carrillo Puerto, entre otras pioneras, cuyos nombres han quedado en el olvido de los libros de historia, hicieron posible que los derechos políticos de las mujeres en México fueran reconocidos por el sistema jurídico.
En tanto que los criterios del Tribunal Electoral impulsaron que las mujeres pudieran participar en contiendas electorales pese a las muchas resistencias planteadas desde los partidos políticos y las normas vigentes, dando como resultado que actualmente la paridad de género en los cargos públicos y de elección popular sea una realidad en el Congreso, el Poder Judicial de la Federación y, próximamente, en la titularidad de las Secretarías de Estado.
El reconocimiento constitucional a la paridad de género en la política no impide que algunos hombres vean con recelo a sus compañeras de partido, porque se sienten desplazados, ni que a las mujeres se les exijan más conocimiento o experiencia profesional para “justificar” por qué están ahí y cuáles son sus “méritos”.
Sin duda, la elección de la primera mujer como titular del Poder Ejecutivo en nuestro país constituye un parteaguas, tanto porque tardamos más de 71 años, desde que se reconocieron los derechos de las mujeres a votar y ser votadas, el 17 de octubre de 1953, como porque esta posibilidad es producto de la lucha de miles de mexicanas que han ofrendado su vida y libertad para que esto fuera posible, dando lugar a la frase emblemática “si llega una, llegamos todas”
Llegamos todas porque no es fácil resistir… abrir brechas. La violencia de género continúa presente, no solo en los insultos y agresiones físicas o en el desprestigio y la amenaza anónima de las redes, sino también cuando se nos restringe el presupuesto para la campaña o nos impiden participar en los órganos de gobierno de los partidos políticos.
Los ejemplos sobran: compañeras a las que les vacían las oficinas; les impiden la entrada a sus despachos o la toma de protesta del cargo; a las que amenazan con atacar a sus hijas e hijos y a las que exponen como objetos sexuales sirviéndose de la inteligencia artificial para demeritar su imagen pública.
Esos y muchos otros son los riesgos que viven las mujeres a las que les interesa formar parte activa de las decisiones que habrán de tomarse para guiar el rumbo del país en el que viven, sin contar los otros grandes obstáculos por enfrentar: el trabajo del hogar y de cuidados que sigue estando a cargo, principalmente de las mujeres.
Sin autonomía económica y de tiempo, sin el espacio propio del que hablaba Virginia Wolf, cientos de mujeres seguirán al margen de la participación política y del acceso a cargos públicos. Por ello, cualquier acción para fortalecer la paridad dictada por las autoridades electorales, requiere simultáneamente de políticas públicas enfocadas a la eliminación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que en gran medida permanece por los roles de género basados en la división sexual del trabajo.
La violencia de género, especialmente los feminicidios, debe ser erradicada. La prevención de ésta tiene que ser el principal objetivo de la agenda de género de esta administración. Las mujeres deben sentirse libres y seguras en las calles, sus casas, trabajos y escuelas.
Ya lo vimos en la pandemia; las mujeres no estamos seguras ni en nuestros hogares. ¿Qué políticas públicas son necesarias para detener la tasa tan alta de feminicidios y violaciones? ¿Qué nos corresponde como personas servidoras públicas? La labor no es solo obligación de las mujeres y, sin embargo, la mayor parte de las políticas preventivas se centran en que las mujeres identifiquen los riesgos y no en que los hombres sean reeducados.
Sin duda, nuestro país ha avanzado mucho en materia de género. Hoy, tenemos por primera vez una mujer al frente de la República, el sueño de muchas de nuestras ancestras. Por ello, debemos seguir trabajando para que los otros sueños también se cumplan, los de las madres, hijas y hermanas que viven con miedo o con la incertidumbre de no saber el paradero de las suyas. La brecha abierta este 1 de junio de 2024 debe ampliarse aún más para permitir con seguridad y libertad que lleguemos todas.
POR DRA. ZULEMA MOSRI GUTIÉRREZ
MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
@Z_MOSRI
EEZ
