La reforma judicial se ha convertido en la piedra angular de la agenda publica al inicio del sexenio de la presidenta Sheinbaum. Las controversias y consecuencias de este debate, definirán el curso del gobierno y del país entre: legalidad y orden o autoritarismo y barbarie.
No estaban equivocados algunos de los operadores de la nueva presidenta, quienes buscaron, por todos los medios, retrasar las reformas para evitar la crisis constitucional que se esta gestando en los albores de la administración. Lamentablemente, triunfo la obsecuencia al caudillo y faltó generosidad, previsión, respeto y visión de país.
La precipitación y miopía de los operadores de la mayoría en el Congreso generó confusión y caos, se violentó el proceso legislativo, se legisló al vapor y se forzó la aprobación de leyes aberrantes, plagadas de omisiones e ilegalidades. Los reformadores, por encargo, ignoraron principios fundamentales y garantías individuales consagradas en la constitución, como el principio de legalidad, que establece que todo acto de los órganos del estado debe encontrarse fundado y motivado en el derecho vigente.
La respuesta no se ha hecho esperar, voces autorizadas en el país y en el extranjero expresan su preocupación y se movilizan para frenar las reformas. Los trabajadores del poder judicial mantienen el paro y escalan sus demandas para proteger sus derechos.
Lejos de corregir el rumbo, las posiciones asumidas por la titular del Poder Ejecutivo y sus voceros han llevado al limite la tensión y las acciones que atentan en contra de la seguridad jurídica de los ciudadanos, consagrada en el articulo 14 constitucional, se ignora la irretroactividad legal, se niega el derecho de audiencia y se violenta la legalidad en justicia civil y administrativa.
En el extremo de la cerrazón, se desacatan resoluciones judiciales y se afirma que "Ninguna jueza va a estar por encima de la voluntad del pueblo de México". Esta expresión niega los fundamentos del sistema democrático, el estado de derecho y pretende erigir a un solo poder y a una sola voz en depositaria de la voluntad popular; si no se advierte el exceso, el siguiente paso será identificar al Ejecutivo con el pueblo y concluir, al estilo Luis XIV, atribuyendo a la presidencia poderes absolutos al grito de "El pueblo soy yo".
En respuesta, la ministra Piña ha recordado a gobernantes y ciudadanos que "La ley es para todos", que el respeto a la ley, bajo el principio de igualdad, es la base de la democracia, la división de poderes, la imparcialidad de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
Ante la polarización de la justicia y el cada vez mas intenso choque entre poderes, se configura el escenario de una crisis constitucional, ajena a la voluntad popular y de consecuencias previsibles - todas- contrarias al interés general y al legitimo desarrollo con justicia, libertad y paz al que todos aspiramos.
Todo indica que no habrá marcha atrás, lo que no debería enorgullecer a nadie, pues se olvida que en la guerra perdemos todos, pierde el pueblo.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
@MARCOADAME
MAAZ
