La idea de votar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría sonar como algo natural en un sistema democrático, si ya se vota por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿por qué no habría de hacerse lo mismo con el Judicial? Sin embargo, a pesar de sonar como una propuesta que puede democratizar aún más a nuestras instituciones, elegir a las y los miembros de la SCJN en las urnas podría tener el efecto contrario.
A menudo se tiene la concepción de que la democracia es simplemente el gobierno de las mayorías, cuando en realidad se trata más de un sistema que permite que un grupo no se imponga ante otro por muy mayoritario que sea. Es por ello que contamos con mecanismos que justamente garantizan que hay un control a las decisiones que podría tomar una mayoría que, recordemos, la historia nos ha mostrado que siempre es momentánea.
La Suprema Corte de Justicia es precisamente uno de esos controles a las mayorías. Las y los legisladores y el Presidente de la República pueden (y a menudo lo hacen) tomar decisiones que estén en contra de lo que marca la ley o la Constitución.
Corresponde a ella y solamente a ella, avalar que las dichas decisiones vayan de acuerdo con el orden que decidimos que nos rija como sociedad como conjunto, no como mayoría imponiéndose. Es por ello que es esencial que las personas que lo integran no sean sometidas a la lógica de las mayorías.
El proponer que se vote a sus miembros tiene que pasar, necesariamente, por un análisis de cómo funcionan hoy en día las elecciones en México, en donde sigue privilegiando una lógica de clientelas, estructuras e influencia de grupos de poder locales y el crimen organizado.
El que las y los aspirantes a ministros de la Suprema Corte compitan en las urnas los haría pedir ayuda a las estructuras que pueden y movilizan el voto, ya sean partidos, sindicatos, organizaciones religiosas, etc. A todas ellas les deberían favores y a todas ellas les tendrían que pagar con decisiones que les beneficien.
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SCJN: La mayoría no significa estar calificados
En concreto, sería tratar de hacer de una institución contra-mayoritaria una más de las herramientas de la mayoría.
En el México del autoritarismo del siglo pasado todos esos controles eran mal vistos y hasta despreciados. Los partidos de oposición eran vistos como enemigos del pueblo que buscaban dividir la unidad nacional, las controversias judiciales siempre pasaban por el visto bueno del Presidente de la República.
Los movimientos sociales eran reprimidos y perseguidos, acusados de un delito inventado al que llamaron “disolución social” justamente para denotar que trataban de atentar contra el país de una sola perspectiva.
Incluso la ley marcaba una llamada “cláusula de gobernabilidad” en donde el partido que haya obtenido la mayoría simple obtenía automáticamente el número de asientos necesarios para que fuera mayoría calificada y pudiera reformar la constitución por sí mismo. El resultado fue el México de violencia y represión que dejó de ser sostenible en los 80s.
En México sabemos y reconocemos la importancia de contar con esos controles, si así no fuera aún tendríamos “cláusulas de gobernabilidad” y “delitos de disolución social”.
Ni siquiera en Estados Unidos, que es el ejemplo que siempre se trae a la mesa al tener algunos estados elecciones de jueces y juezas, elige a las y los miembros de la Suprema Corte por voto directo. Esto podría sonar democrático y plural, pero en realidad tiene el potencial de regresarnos al México de una sola voz.
Por: Toño Cárdenas, Polítologo por la UNAM, Mtro en Políticas Públicas por la London School of Economics y Militante del PRD. @T_Cardenas_