Como anunciamos durante la irresponsable discusión y el simulacro de proceso legislativo por el que, en la Cámara de Diputados, se aprobó el Plan B Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la primera parte.
El gobierno y sus corifeos reaccionaron con furibundos ataques en contra de la Corte, ataques que giraban en torno a una descalificación absurda consistente en cuestionar la calidad democrática del Poder Legislativo, a partir de la premisa de que los ministros, magistrados y jueces no provienen de elecciones populares.
De inmediato, el Presidente llamó al voto a favor de su partido para ganar la mayoría calificada en el Congreso, para posteriormente realizar la reforma constitucional que removiera a la Corte como el contrapeso institucional.
Los defensores de la tesis presidencial intentan demostrar que el fallo de la Suprema Corte es un acto ilegal, que invade facultades del Poder Legislativo y que se dictó con el propósito de defender privilegios.
Sostienen que la Corte no tiene facultades para evaluar si un asunto legislativo se encuentra o no suficientemente discutido, ya que es una facultad del Pleno de la Cámara respectiva.
Es evidente que el Pleno de las Cámaras tiene la potestad de decidir si un asunto fue suficientemente discutido.
Sin embargo, para que esa facultad se concrete y se ejerza, es necesario agotar los procedimientos que permitan la deliberación democrática.
Pero en el caso de las reformas del Plan B, la mayoría indolente solo cumplió la consigna de Palacio, sin permitir la lectura, la discusión y el debate, sin conocer lo que iban a aprobar.
Otro de sus argumentos es que el procedimiento parlamentario de “dispensa de trámites” se encuentra perfectamente regulado en la normatividad interna de la Cámara.
Esto es cierto, sin embargo, el ejercicio de esa potestad tiene que realizarse en el marco de la legalidad a la que están obligadas todas las autoridades del país.
Todavía hoy no queda clara la urgencia y la razón para explicar las prisas que provocaron la aplanadora inconstitucional de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.
Prefirieron renunciar a sus obligaciones deliberativas y dañar de raíz un proceso que pudieron haber desahogado de manera legal.
Evidentemente no entienden la profundidad democrática de la deliberación parlamentaria.
Con esa concepción política de Andrés Manuel López Obrador y sus empleados, el debate estorba y el disentir les ofende.
Debatir significa hacer públicas las razones para que el pueblo pueda valorarlas, porque rechazar el debate en la toma de decisiones legislativas, equivale a realizar esta actividad de manera muy irresponsablemente.
Prepárense, vienen nuevas acciones de inconstitucionalidad por los mismos vicios legislativos.
Humberto Aguilar Coronado
Diputado Federal del PAN
@Tigre_Aguilar_C
LSN
