Las consecuencias del modelo económico que durante siglos ha prevalecido en el mundo, ha empezado no solamente a mostrar los signos más importantes de su ocaso, sino, además, ha ofrecido demostraciones masivas de su desgaste de principios filosóficos. En el mundo de la actualidad gran parte de las sociedades han cuestionado no solamente el fortalecimiento de sus principales doctrinas de consumo, sino la forma en que se construyen los estándares de adquisición de productos a nivel global y las terribles consecuencias en el medio ambiente que esto ocasiona.
En medio de este contexto de cambios históricos, otro problema global y regional, se ha acentuado en las últimas décadas de manera notoria y significativa: los grandes flujos migratorios en todo el mundo son un fenómeno que ha llegado para quedarse y con el tiempo, aumentar su intensidad, transformando su dinámica de comportamiento. Los 40 muertos en una estación de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, se suman a los cientos de migrantes asfixiados en cajas de tráileres como los registrados en los eventos de San Antonio, Texas o Comitán Chiapas, en los años recientes, a los ahogados al cruzar el río Bravo, a los que se quedan en las vías del tren, o desaparecen simplemente en el camino rumbo hacia el sueño americano.
Los perecidos en la ciudad fronteriza del estado grande, pasan a engrosar la cifra de heridos, violadas, denigrados y discriminados mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, cubanos, entre muchos más, que dejan sus países de origen en busca de una vida mejor.
Las constantes tragedias de los migrantes reflejan una fallida e inhumana política migratoria, que contraria al discurso oficialista, parece servir a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica (E.U.A.) y atenta contra los derechos humanos. Lo último, tiene una lógica de Seguridad Nacional a nivel regional, que los estadounidenses han implementado desde hace varias décadas en el continente americano y por supuesto, no debería sorprender a nadie su reacción oficial hacia este fenómeno. El problema radica en la magnitud y habilidad diplomática y política que tenga el Estado mexicano para lidiar con este difícil fenómeno que comparten con su vecino del norte.
Ya que la verdadera esencia del problema radica en que no se ven la dimensión real de dicha circunstancia, pues de acuerdo con el “Informe sobre las migraciones en el mundo 2020” elaborado por la Organización de Naciones Unidas Europa y Asia acogían a alrededor de 87 millones y 86 millones de migrantes internacionales, respectivamente, sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. La migración entre México y los Estados Unidos solo representa un 7% del total de la población migrante.
El paradigma en este sentido es claro, para ellos, la forma de concebir el problema de la migración y sus efectos, se da a partir de la edificación de un muro perimetral en su frontera con México, así como, en el incremento de efectivos de la guardia nacional designados en las ciudades fronterizas que ayuden a detener a los indocumentados que llegan a diario a su país, todo lo anterior, por supuesto, cobijado por insumos de la más alta gama tecnológica que facilitan las labores encomendadas a los militares y la policía en este sentido.
No hay una visión de integración y participación humanitaria, a partir de un fenómeno de concentración de la riqueza que ellos mismos han generado en conjunto con todos los países que en la actualidad se ciernen como receptores de grandes flujos de personas en condición de vulnerabilidad social o económica. Tampoco existe la voluntad para entender las fragilidades económicas y sociales que están detrás de cada historia de migrantes que deciden emprender el viaje hacia los Estados Unidos.
Todo lo contrario, el entendimiento que se tiene acerca de este fenómeno es reactivo y coercitivo, ya que atenta en todos los sentidos en contra de los derechos humanos de libre tránsito y, sobre todo, del desarrollo humano, pero estos preceptos no son prioridades en la política de Seguridad Interior y Nacional de los estadounidenses y eso ha quedado demostrado en numerosas ocasiones.
Un ejemplo de esto fue a través del Protocolo de Protección al Migrante (PPM), conocido como el programa “Quédate en México”, el cuál se implementó en 2019, por los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.
Este programa, se acordó por “razones humanitarias”, permitiendo a los indocumentados una estadía en México durante la vigencia del trámite migratorio legal; lo que convirtió a este país, en el guardián de la frontera sur estadounidense y un primer filtro de las poblaciones que decidan recibir.
Mas adelante, en febrero de 2021, el presidente Joe Biden, flexibilizó la política migratoria permitiendo la entrada a su país de solicitantes de asilo y en junio de ese año, puso fin oficialmente al programa “Quédate en México”, calificándolo de peligroso e inhumano.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, una orden judicial obligó al gobierno estadounidense a reiniciar el programa con supuestas mejoras. Esta decisión fue aceptada por el Gobierno Mexicano, señalando que se ofrecerían, “mayores recursos para albergues, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de los albergues y de atención del Instituto Nacional de Migración”. Todo lo anterior, está claro que no ha sucedido de la manera en que los estadounidenses prometieron, una muestra de ello es el desafortunado incidente en Ciudad Juárez.
El problema migratorio en el mundo y por supuesto, en la frontera entre México y Estados Unidos es un fenómeno que seguirá incrementándose en la medida que las condiciones de desigualdad económica no disminuyan en el continente. Para solucionarlo se requieren de acciones conjuntas que, ayuden a potencializar el desarrollo regional en Centroamérica y Latinoamérica, si los estadounidenses quieren tener un frontera sur más segura, no será por medio de insumos tecnológicos y coercitivos que, habrán de conseguirla, sino por medio de acuerdos estratégicos con las economías en desarrollo para ayudarles a generar oportunidades
de bienestar en sus países y frenar de esta manera, la necesidad de muchas generaciones de jóvenes que, a diario sueñan con cruzar el rio bravo y vivir el famoso sueño americano. Urge replantear estrategias, pero reformular enfoques de tratamiento, sería más necesario.
Luis Miguel Martínez Anzures
Presidente del INAP
LSN
